Las CCAA modificarán más de 400 normas para adaptarse a la unidad de mercado

Madrid, 27 ene (EFE).- La aplicación de la ley de unidad de mercado supondrá la modificación de más de 400 normas autonómicas, que se sumarán a las 80 normativas estatales que ya se han revisado y a las 30 que se están ultimando.

Estas propuestas de modificación, que se concretarán en conferencias sectoriales, muestran el espíritu de “colaboración” entre administraciones que existe en el Consejo de Unidad de Mercado constituido hoy, según ha explicado a los medios el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Este consejo, previsto en la ley de unidad de mercado, está formado por el ministro de Hacienda, el secretario de Estado de Economía, el de Administración Públicas y el subsecretario de Presidencia, así como por representantes de las comunidades autónomas y de las entidades locales a través de la FEMP.

Su objetivo principal, ha señalado Montoro, es “coordinar la acción de los diferentes niveles de Gobierno y administración de España” en materia de unidad de mercado para suprimir los eventuales obstáculos.

Para ello, se han registrado más de 500 propuestas de modificación normativa de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales están ya en marcha.

Este primer encuentro ha resultado “claramente positivo” para el ministro, quien ha subrayado la “excelente colaboración con las administraciones públicas más allá de posiciones políticas”.

En ese sentido, Montoro ha insistido en que las colaboraciones están resultado “muy fluidas” a pesar de que algunas comunidades han mostrado su rechazo a algunas partes de la ley, al entender que invaden sus competencias, por lo que han recurrido al Tribunal Constitucional.

El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, ha añadido que hoy se ha dado un “impulso político” a la ley y ha avanzado que ya se han presentado 80 reclamaciones en el mecanismo de protección de operadores, de las que se han resuelto 50.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha destacado que se ha diseñado un “procedimiento” para el “intercambio de información en una fase muy primaria de los proyectos”, con el fin de que “ninguna norma ni estatal ni autonómica pueda interferir en el proceso”.

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