España deja de ingresar 200.000 millones anuales por la economía sumergida

Cartagena, 29 abr (EFE).- El expresidente de los inspectores de Hacienda en España, Julio Ransés, ha cuantificado hoy en 200.000 millones de euros anuales la cantidad que el Estado deja de ingresar como consecuencia de la economía sumergida.

Ransés, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado hasta el mes pasado, ha dado esa cifra en Cartagena, donde ha pronunciado una conferencia sobre el fraude fiscal y sus consecuencias socioeconómicas.

En declaraciones a los periodistas, el inspector ha subrayado que diversos análisis sitúan entre el 19 y el 23 por ciento el nivel de economía sumergida en España, lo que supone que las arcas públicas dejan de recaudar esos 200.000 millones de euros anuales.

Las tramas de IVA, ha dicho, son uno de los principales campos para el fraude, a lo que se suma la problemática de los impagos, ya que se calcula que cada año Hacienda no recauda unos 15.000 millones de euros que son liquidados a través de ese impuesto, pero no pagados.

También ha insistido en el problema de grandes empresas y multinacionales que se acogen a resquicios, “a veces incluso legales aunque no éticos”, para no tributar en España.

En ese sentido, ha subrayado la necesidad de arbitrar mecanismos “desde la cooperación internacional” para evitar, o al menos paliar, esas prácticas, evitando territorios en los que no se tribute, al menos dentro de la UE, y países con secreto bancario.

Desde España, ha indicado, se pueden tomar medidas unilaterales para que esas ventajas fiscales desaparezcan, pero es importante que el resto de países se sumen también a esa lucha contra el fraude para evitar que el capital se desplace a otros territorios.

Por otra parte, ha hecho hincapié en la necesidad de dotar de más recursos humanos y materiales a la Agencia Tributaria, que es “la segunda administración peor dotada de la UE comparativamente”.

Según ha explicado, por cada euro que se invierte en ese organismo para impulsar la inspección y recaudación, se recauda entre 14 y 15 euros, por lo que sorprenden las medidas de reducción de gastos en la Agencia Tributaria.

En cuanto a la amnistía fiscal, ha subrayado que “ningún inspector de Hacienda puede estar de acuerdo” con esa medida porque “es injusta para quienes cumplen con su deber, que son la mayoría”, y ha considerado que “seguramente ni siquiera el ministro se sentirá orgulloso”.

La amnistía, ha dicho, se llevó a cabo en un contexto en el que hacía falta recaudar más recursos y el fraude “se había disparado”, sin embargo, en su objetivo recaudatorio, afloraron 1.200 millones de euros, la mitad de lo esperado, por lo que “no se puede hablar de éxito”.

En cuanto a la recuperación de bienes ocultos, la cifra es de 40.000 millones de euros, una cantidad que “no es baladí”, pero que se podría triplicar, hasta los 120.000 millones, con una medida adicional y que no depende de la amnistía fiscal como es la obligación de declarar los bienes en el extranjero.

Grandes fortunas en el extranjero, como las de Jordi Pujol o Rodrigo Rato, ha recordado, no han aflorado a consecuencia de la amnistía fiscal, sino fruto de una denuncia, la primera, y de una investigación de su declaración de bienes, la segunda.

En cuanto a la posibilidad de publicar las personas que se acogieron a la amnistía o las listas de defraudadores, ha señalado que actualmente es ilegal, si bien ha insistido en la necesidad de aumentar la transparencia y buscar un “equilibrio oportuno” entre la publicación de datos y el derecho a la intimidad.

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