El Supremo anula definici贸n de causas econ贸micas para justificar un ERE de personal laboral p煤blico

Madrid, 26 may (EFE).- El Tribunal Supremo ha anulado la definici贸n de “insuficiencia presupuestaria” que inclu铆a un reglamento de la reforma laboral de 2012 y que justificaba los ERE del personal laboral p煤blico por causas econ贸micas, al considerar que es contrario al Estatuto de los Trabajadores.

En una sentencia, el Alto Tribunal estima parcialmente un recurso contencioso-administrativo de UGT y CCOO contra el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprob贸 el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensi贸n de contratos y reducci贸n de jornada.

Para los magistrados, la definici贸n que hace de la insuficiencia presupuestaria que determina la existencia de causas econ贸micas justificativas de despido colectivo para el personal laboral p煤blico.

Seg煤n explica el Supremo, el art铆culo 35.3 del Reglamento introduce como criterios para determinar si hay insuficiencia presupuestaria el d茅ficit presupuestario de la Administraci贸n P煤blica de referencia en el ejercicio anterior, y la minoraci贸n de cr茅ditos en un 5 % en el ejercicio corriente o en un 7 % en los dos ejercicios anteriores.

En su opini贸n, los dos requisitos “seguramente” pueden reflejar situaciones de insuficiencia presupuestaria, esto es, aquellas en las que la empresa no dispone de una previsi贸n de ingresos suficiente para hacer frente a los servicios p煤blicos que tiene encomendados.

Pero aclara que “lo que la norma legal de referencia”, la actual disposici贸n final 20陋 del Estatuto de los Trabajadores, configura como causa justificativa del despido colectivo es la “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”.

Unos calificativos que est谩n “literalmente ausentes” del precepto que ahora anula, que considera que no responde a la exigencia legal de que la insuficiencia presupuestaria sea persistente.

As铆, precisa que el simple d茅ficit presupuestario de la Administraci贸n P煤blica de referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia y, sobre la minoraci贸n de cr茅ditos, aunque pueda ser indicio de esta situaci贸n, “no conduce ineluctablemente a ella”.

“M谩s a煤n, este criterio reglamentario supone una desviaci贸n del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo -como es la imposibilidad de financiar los servicios p煤blicos encomendados- sustituy茅ndolo por un dato puramente formal”.

En la misma sentencia, el TS anula tambi茅n el apartado primero de la disposici贸n final 2陋 del Real Decreto 1483/2012, que encomienda la comunicaci贸n de las medidas de despido colectivo a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo a la empresa, cuando el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de la Seguridad Social establecen que debe hacerlo la autoridad laboral.

Los magistrados se帽alan que no es de por s铆 ilegal atribuir ese deber de comunicaci贸n a la empresa, pero sin suprimir el deber de comunicaci贸n que las leyes atribuyen a la autoridad laboral.

No obstante, no entra a examinar parte del recurso de los sindicatos por haber perdido parcialmente su objeto como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015, en la que aval贸 la reforma laboral emprendida por el Gobierno en 2012.

Adem谩s, el Alto Tribunal ha dictado otras dos resoluciones en las que rechaza los recursos de UGT, CCOO y la Confederaci贸n Intersindical Galega (CIG) contra el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, que regula la Comisi贸n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, 贸rgano necesario para el funcionamiento del llamado descuelgue de los convenios colectivos.

Nuevamente, se帽ala que parte de los recursos han perdido su objeto por la misma sentencia del TC, y respecto a los reproches de legalidad ordinaria contra el citado Real Decreto, rechaza los argumentos de las centrales de que la Administraci贸n no les dio tr谩mite de audiencia antes de aprobar el decreto.

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