El Fondo Social de Viviendas se amplía a 9.866 y favorece a nuevos colectivos

Madrid, 14 sep (EFE).- El Fondo Social de Viviendas (FSV) ha ampliado en 3.974 el número de pisos a disposición de aquellas personas “especialmente afectadas por la crisis y que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca”, lo que eleva la cifra total a 9.866 casas, aportadas por 29 entidades financieras.

Según una nota remitida hoy por el ministerio de Economía, la Comisión de Seguimiento del FSV también ha decidido aumentar el número de colectivos que pueden ser beneficiarios de una vivienda, incluyendo a los mayores de 60 años, los matrimonios y parejas de hecho sin hijos y los deudores no hipotecarios.

Las medidas impulsadas por el Gobierno para paliar el problema de los desahucios han beneficiado hasta la fecha a unas 45.000 familias, explica la nota.

El FSV se creó en enero de 2013 con 5.892 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30 % de los ingresos de la unidad familiar).

El Fondo expiraba a los dos años de su constitución, que se hubieran cumplido, el pasado 17 de enero, pero el Gobierno decidió prorrogarlo dos años más, por lo que estará activo hasta enero de 2017, explica la nota.

Se constituyó por acuerdo entre los ministerios de Economía, Sanidad y Fomento, las principales entidades de crédito y sus asociaciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Plataforma del Tercer Sector.

Se pueden acoger al FSV aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago.

Deben reunir una serie de requisitos económicos, en concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.

Por su parte, y en sendas notas remitidas también hoy, las patronales de las distintas entidades recuerdan que hasta la fecha, han “renegociado y mejorado las condiciones de su hipoteca a más de 500.000 familias, permitiendo continuar con los pagos y evitar la traumática pérdida de su vivienda”.

También han suspendido el desalojo de sus viviendas habituales a “un importante número de deudores hipotecarios, de acuerdo con el compromiso que adquirieron públicamente en noviembre de 2012 y que se generalizó a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios”, añaden.

Las entidades que operan en España también han aceptado quitas de deuda y ofrecido soluciones de dación en pago para las familias en riesgo de exclusión y les han facilitado un alquiler social en la vivienda que habitaban.

Y, además de su adhesión al Código de Buenas Prácticas y al FSV, las entidades destacan que la mayoría desarrollan “programas específicos para facilitar a los colectivos más desfavorecidos el acceso a la vivienda y ofrecen programas de búsqueda de empleo, formación y asistencia social”.

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