Juzgado de Barcelona obliga a compensar a jubilados por la reducción de las pensiones

Barcelona, 23 sep (EFE).- Un juzgado de Barcelona ha obligado a la Seguridad Social a abonar a diez jubilados el dinero que dejaron de ingresar en 2012 y 2013 por la decisión del Gobierno de revalorizar las pensiones con porcentajes inferiores al IPC, tras considerar que se produjo una vulneración del derecho internacional. El juzgado social 12 ha dictado una sentencia considerada como la primera de España que califica de vulneración del derecho internacional la ley 23/13 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revaloración de las Pensiones y un real decreto del Gobierno, que permitieron en 2012 y 2013 subir las pensiones por debajo del IPC, afirma el Colectivo Ronda, que ha representado a los jubilados.

El juzgado insta al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a abonar a los citados jubilados “una paga única compensatoria de su pensión”, con la diferencia entre el importe resultante de revalorizar las pensiones un 1 %, como hizo el ejecutivo en 2012 y 2013, y lo que correspondería si se hubiera aplicado el porcentaje real del IPC, situado entonces en un 2,9 %.

La sentencia considera que el Gobierno incumple con su actuación las disposiciones del derecho internacional en materia de Seguridad Social y de garantía de suficiencia económica para los pensionistas, que recuerda tienen carácter “prevalente”.

La resolución partió de la demanda instada por 10 jubilados integrados en la llamada Marea Pensionista.

La sentencia dice que el Estado no respeta el contenido de la Carta Social Europa, que insta a los países firmantes a “elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social”, ya que no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

El texto también recuerda las directrices del Convenio 102 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece la obligación por parte de los Estados de revisar las cuantías de las pensiones para adecuarlas a posibles “variaciones sensibles al coste de la vida”.

El fallo del juzgado social de Barcelona se produce después de que el pasado 5 de marzo el Tribunal Constitucional publicara una sentencia en la que consideraba adecuado el contenido de la Carta Magna con la decisión del Gobierno de revalorizar las pensiones de 2012 y 2013 por debajo del IPC, en sólo un 1 %.

El Gobierno desvinculó definitivamente la revalorización de las pensiones del IPC en la Ley 23/13 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones.

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