El Congreso convalida el decreto que permite abonar la extra a los funcionarios

Madrid, 1 oct (EFE).- El Congreso aprobará hoy, con toda probabilidad, la convalidación del real decreto por el que se autoriza un crédito extraordinario de 252 millones de euros para pagar a los empleados públicos el 26 % de la paga extra suspendida en 2012.

El resultado de la votación, que se producirá durante la tarde, será positivo gracias a la mayoría del PP y después de que durante el debate el grupo socialista, UPyD y PNV hayan anunciado su voto a favor, pero sólo para que se restituya la paga a los funcionarios.

De hecho, los funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) ya han comenzado a cobrar hoy ese 26,2 % de la paga extraordinaria y los primeros en recibir el reintegro han sido los trabajadores de la Agencia Tributaria.

En el debate en el Congreso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido la medida que “corrige” lo que se hizo en 2012, “que es lo que había que hacer en ese momento”, y ha justificado la devolución en este momento en que “se alcanza sobradamente” el objetivo de déficit público programado.

Además de la devolución de la extra, el decreto restituye los días de libre disposición que se anularon, por lo que los funcionarios recuperarán el último “moscoso”, que podrán disfrutar hasta el próximo 31 de enero, así como los permisos por asuntos propios en función de los trienios y las vacaciones por antigüedad.

Aunque el real decreto afecta sólo a la Administración General del Estado, habilita a las administraciones territoriales para que puedan llevar a cabo la devolución en función de su disponibilidad presupuestaria.

En el debate para su convalidación, el ministro de Hacienda ha mantenido un rifirrafe con el diputado de Izquierda Plural, Joan Cosubiela, que ha explicado que su formación sí quiere que se devuelva la extra a los funcionarios “pero no a cuentagotas, como quien está a la puerta de una iglesia, pidiendo limosna” y ha exigido que la devolución sea “digna y de una sola vez”.

En el debate, los grupos de la oposición han expresado su discrepancia con el decreto que abona la paga de forma “limosnera” e ignora a las “otras víctimas” de los recortes, pero además esconde “trampas” ya que aprueba 20 millones para la reposición de vehículos de Defensa.

El grupo socialista, PNV y UPyD han justificado su voto a favor en que quieren que se abone la extra, pero han dejado claro que están en contra del resto del decreto.

En el mismo sentido se han mostrado Izquierda Plural, que ha defendido la abstención, igual que ERC y algunas formaciones del Grupo Mixto.

Además de la paga extra y de este aumento de gasto para Defensa, el decreto introduce medidas para mejorar la liquidez de los ayuntamientos con problemas financieros y para reducir la morosidad del sector público.

También incluye el acceso al cuerpo de catedráticos de universidad mediante promoción interna y establece con carácter permanente la posibilidad de provisión de puestos docentes vacantes en una universidad con profesores titulares y catedráticos de otras universidades.

En su turno de intervención, la diputada socialista Susana Sumelzo ha asegurado que el decreto es un ejemplo de “rectificación a medias” y, en definitiva, un ejemplo de “autoenmienda” por parte del Gobierno.

Sumelzo ha considerado que se trata de un decreto para hacer campaña electoral pero además es “hipócrita” y “traiciona” el discurso con el que el Gobierno ha estado bombardeando toda la legislatura.

En la misma línea se ha expresado el diputado de PNV, Pedro Azpiazu, y el de UPyD, Rafael Calduch, quienes han explicado que votaban a favor pero sólo por la devolución de la paga ya que no coincidían en todo lo demás.

Mientras, CiU ha avanzado su abstención al igual que lo han hecho varias formaciones del Grupo Mixto e Izquierda Plural.

Este 26,2 % que recuperan ahora los funcionarios se suma al 25 % que se devolvió a principios de año, en tanto que el 50 % restante se abonará en enero de 2016 y en un pago único, tal y como se comprometió la Dirección General de Función Pública.

El porcentaje de paga extra (una media de 350 euros) que se devuelve a partir de hoy afecta, en principio, a un millón de empleados públicos, dado que el Gobierno no ha dado carácter básico a la devolución.

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