Díaz Ferrán apela a su “lamentable vida” para no ser condenado por Marsans

Madrid, 26 oct (EFE).- El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha apelado a su “lamentable vida” y al hecho de no haber estado imputado nunca por “corrupción política” para pedir a la Audiencia Nacional que le absuelva de haberse apropiardo de 4,4 millones de euros de más de 4.000 clientes de Viajes Marsans.

Según el escrito de defensa que ha presentado ante el inminente juicio por estos hechos, que arrancará el próximo 23 de noviembre, el que fuera máximo responsable de la patronal alega que, en todo caso, el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ya archivó en enero de 2011 una denuncia por los mismos hechos, una decisión que fue ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid.

Lo hizo a instancias de la Fiscalía, al considerar “ilógico” que los responsables de Marsans “actuaran provocando la ruina de su propio negocio”, sino que lo que se produjo fue una situación de “insolvencia generalizada en el grupo” que imposibilitaba los pagos a trabajadores y proveedores

Díaz Ferrán, de 73 años, considera que fue su cargo en la CEOE, que desempeñó entre 2007 y 2010, el “único detonante” que propició su imputación y su sometimiento “de manera innecesaria a la denominada pena de banquillo”.

El exdueño de Marsans se pregunta así “qué más pena y daño se le puede infligir” cuando lleva casi tres años en prisión preventiva, en la que ingresó en diciembre de 2012 por el vaciamiento patrimonial de Marsans, tiene una avanzada edad y sufre “diversas enfermedades” que le impiden una “vida adecuada”.

Ninguna pena más se le puede imponer a su “lamentable vida”, explica, menos aún cuando nunca ha estado sometido a un procedimiento judicial por “corrupción política”.

A todo ello se une que en el periodo en que se produjeron los hechos, 2009 y 2010, presidía la CEOE, a la que se dedicaba “plenamente y de manera exclusiva” sin que destinase “esfuerzo ejecutivo” alguno a sus empresas.

Su papel era el de administrador solidario de Viajes Marsans junto a su socio ya fallecido Gonzalo Pascual y no ejercía funciones directivas ni ejecutivas, función que tenía de manera “unipersonal” el entonces director general, Víctor Muñoz.

Por ello, subraya que es totalmente “ajeno a la realidad” el hecho de que los acusados por la Audiencia Nacional se apropiasen de cantidades para desviarlas en su beneficio y su patrimonio personal.

Y ello porque los 4,4 millones que le acusan de haberse apropiado “fueron destinados al pago de salarios y cargas sociales” de los trabajadores, “a pagos a deudores, a despachos de asesoramiento de carácter jurídico-laboral y mercantil concursal”.

Sin embargo, para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pide para Díaz Ferrán y al presunto testaferro Iván Losada cuatro años de cárcel, los acusados destinaron esos fondos a “fines ajenos”, con lo que los clientes perdieron el dinero anticipado y no pudieron disfrutar del viaje “salvo que lo abonaran nuevamente al mayorista o a otra agencia”.

Como consecuencia, vieron canceladas sus reservas y no obtuvieron el reembolso, bien porque desistieron de volver a pagar al mayorista, bien porque le “solicitaron, sin éxito, la devolución de la señal” al saber que ésta exigía el pago de la totalidad del precio.

En total, fueron 4.706 clientes, que desembolsaron entre 130 y 5.834 euros, los que vieron como el dinero de sus vacaciones, 4,4 millones, se destinaron “a usos diversos de los pactados”, sostiene el Ministerio Público.

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