El Tribunal Constitucional anula el decreto que grava los dep贸sitos bancarios

Valencia, 13 nov (EFE).- El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana y ha anulado el Real Decreto de julio de 2014 por el que se gravaban los dep贸sitos bancarios al 0,03 %, un tipo inferior al fijado por la Comunidad Valenciana y otras regiones como Catalu帽a o Asturias.

Seg煤n consta en la sentencia, el alto tribunal concluye que el Gobierno no justific贸 de forma suficiente la aplicaci贸n de medidas de “extraordinaria y urgente necesidad” para el uso de legislaci贸n de urgencia, motivo por el cual declara la inconstitucionalidad del referido decreto”.

Esta decisi贸n, apunta el fallo, “no afectar谩 a las situaciones jur铆dicas consolidadas, debi茅ndose considerar como tales las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes o las que, en la v铆a judicial, hayan sido decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada”.

La Generalitat Valenciana present贸 un recurso en octubre del a帽o pasado contra el citado Real Decreto de julio de 2014 fundamentado en tres motivos: la no concurrencia de extraordinaria y urgente necesidad, la vulneraci贸n de la doctrina constitucional sobre la retroactividad de las disposiciones legales y la vulneraci贸n de la autonom铆a financiera de las comunidades.

El art铆culo 86.1 de la Constituci贸n establece una habilitaci贸n al Gobierno para dictar normas con fuerza de ley, pero en la medida en que supone sustituir en su funci贸n al Parlamento, es una excepci贸n al procedimiento legislativo ordinario y a la participaci贸n de las minor铆as que 茅ste dispensa.

Por lo tanto, dicha facultad excepcional, recuerda el alto tribunal, est谩 sometida a estrictos requisitos entre los que se incluyen “la necesaria conexi贸n entre la facultad legislativa excepcional y la existencia del presupuesto habilitante, o lo que es lo mismo, la concurrencia de una situaci贸n de extraordinaria y urgente necesidad”.

A juicio de los magistrados, la urgente necesidad que el Gobierno apreci贸 como fundamento para la adopci贸n del Real Decreto se fundaba en dos razones: la aprobaci贸n de impuestos auton贸micos posteriores a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre; y la existencia de impuestos auton贸micos sobre esta misma materia que persegu铆an el reparto auton贸mico por igual de este impuesto estatal.

El Gobierno, seg煤n la sentencia, “no ha explicitado de modo suficiente, ni en la exposici贸n de motivos, ni tampoco en el tr谩mite de convalidaci贸n parlamentaria del real decreto-ley, una argumentaci贸n sobre la necesaria prontitud de la medida”.

En la sentencia consta el voto particular del magistrado Juan Antonio Xiol R铆os, quien se opone al criterio mayoritario de que “la armonizaci贸n tributaria ya se hab铆a conseguido con la Ley del 27 de diciembre de 2012”, que establec铆a un tipo 0 % al impuesto estatal de dep贸sitos bancarios.

Este magistrado expresa su disconformidad con que esta medida supusiera una “armonizaci贸n fiscal respetuosa con el bloque de la constitucionalidad, pues se alcanzaba no gravando, sino inhabilitando materialmente un hecho imponible gravado por una comunidad aut贸noma”.

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