El Tribunal Constitucional anula una parte del decreto que aprob贸 la Ley del Suelo

Madrid, 13 nov (EFE).- El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la compensaci贸n que fij贸 el decreto de junio de 2008 que aprob贸 el Texto Refundido de la Ley del Suelo para los due帽os de suelo rural sujeto a primera urbanizaci贸n, ya que no guarda equilibrio con el valor real del bien expropiado.

El Pleno del Alto Tribunal ha estimado parcialmente la cuesti贸n de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra todo el sistema de valoraci贸n establecido por el texto refundido para los suelos rurales sometidos a una actuaci贸n de primera urbanizaci贸n.

No obstante, avala sus art铆culos 12 y 23.1 a y 2 tambi茅n cuestionados.

Respecto al primero, afirma que no es inconstitucional incluir todos los suelos a煤n no incorporados al desarrollo urbano en la “situaci贸n b谩sica de rural”, pues tal clasificaci贸n parte “de las caracter铆sticas f铆sicas en que realmente se encuentran” sin tener en cuenta el “diferente destino que les atribuye el planeamiento urban铆stico o de ordenaci贸n territorial”.

Tampoco es inconstitucional el m茅todo de valoraci贸n del suelo contemplado en el art铆culo 23, que descarta que se tengan en cuenta variables que dependan de las “expectativas” de urbanizaci贸n y evita que la evaluaci贸n est茅 sujeta a las fluctuaciones del precio de mercado.

Pero sobre el art铆culo anulado, el 25, comparte con el TSJ que la compensaci贸n que establece para aquellos propietarios a los que no se permite participar en la actuaci贸n de primera urbanizaci贸n del suelo queda muy alejada del valor de mercado del bien expropiado.

El Pleno explica que el propio texto refundido de la ley permite al due帽o de suelo rural sometido a actuaciones de primera urbanizaci贸n participar “en la ejecuci贸n de las actuaciones de urbanizaci贸n” en un r茅gimen de “equitativa distribuci贸n de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en proporci贸n a su afectaci贸n”.

Ahora bien, mediante la expropiaci贸n, la Administraci贸n puede privar al propietario del suelo de esta facultad.

Es en este punto donde entra en juego el precepto recurrido, ya que la ley prev茅 una compensaci贸n econ贸mica aunque el propietario del suelo rural no haya hecho a煤n frente a coste alguno relacionado con las actuaciones de primera urbanizaci贸n del terreno.

Seg煤n el art铆culo 25, la valoraci贸n del bien (que servir谩 para calcular el importe de la compensaci贸n econ贸mica) se obtiene aplicando un porcentaje fijo a la diferencia de valor que tiene el suelo en su situaci贸n de origen y el que habr铆a tenido de haberse finalizado la actuaci贸n.

El porcentaje, determinado en cada comunidad aut贸noma, “no guarda relaci贸n alguna con el valor real de la facultad de la que se ve privado el propietario, la que le habr铆a permitido participar en la actuaci贸n de la urbanizaci贸n en r茅gimen de equidistribuci贸n de beneficios y cargas”.

La sentencia afirma que el m茅todo de valoraci贸n fijado tampoco garantiza la “uniformidad normativa” que la Constituci贸n exige cuando establece la obligaci贸n de los poderes p煤blicos de indemnizar a los propietarios que han resultado expropiados de sus bienes.

La resoluci贸n cuenta con el voto discrepante de la vicepresidenta Adela Asua y los magistrados Fernando Vald茅s Dal-R茅, Juan Jos茅 Gonz谩lez Rivas y Juan Antonio Xiol, y con el concurrente de Pedro Gonz谩lez-Trevijano y Andr茅s Ollero.

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