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El Parlamento griego aprueba con disidencias medidas para un nuevo desembolso

Atenas, 19 nov (EFE).- El Parlamento griego aprobó hoy el nuevo paquete de medidas acordado con los acreedores a cambio de nuevos desembolsos, pero la votación provocó el debilitamiento de la coalición de Gobierno liderada por Alexis Tsipras, que perdió a dos de sus diputados contrarios a la ley.

El compendio de reformas, que incluía la controvertida ley de ejecuciones hipotecarias, obtuvo el respaldo de 153 de los 155 diputados que hasta ahora formaban la coalición entre el izquierdista Syriza y Griegos Independientes (ANEL), mientras que todos los partidos de la oposición votaron en contra.

El Gobierno perdió a dos de sus diputados que fueron expulsados de los grupos parlamentarios de Syriza y ANEL tras mostrar su rechazo a la aprobación de esta ley.

Con ello el Ejecutivo se queda con una mayoría parlamentaria de 153 diputados en una Cámara con 300.

Durante la mañana ya había presentado su dimisión el diputado de Syriza Gavriil Sakelaridis, portavoz del primer Gobierno de Tsipras, quien en un comunicado explicó que no podía seguir contribuyendo a que se aplique la política gubernamental.

La salida de Sakelaridis y la entrada automática del viceministro de Interior no afecta a la estabilidad gubernamental y permite a Tsipras deshacerse de los remanentes díscolos que todavía existen en Syriza tras la ruptura del partido en verano.

Durante el acalorado debate que se celebró antes de la votación, el ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, justificó el acuerdo sobre los desahucios con el argumento de que la negociación tuvo lugar bajo la fuerte presión de tener que cerrar la recapitalización de la banca antes de finales de año.

“En verano la presión era el Grexit. En otoño era la recapitalización de la banca”, dijo Tsakalotos.

Añadió que lo “primordial” es que el Ejecutivo continúa “su hoja de ruta, que empieza con la recapitalización de la banca, continua con el cierre de la primera evaluación y concluye con el debate sobre la deuda”.

De la aprobación de este paquete de medidas dependía el desembolso de un tramo de 2.000 millones de euros del rescate y, lo que es aún más importante, de 10.000 millones de euros para la recapitalización de la banca.

El desbloqueo del tramo para la banca es crucial para poder concluir antes del 31 de diciembre el proceso de recapitalización y evitar así quitas a los depósitos superiores a los 100.000 euros en caso de crisis bancaria como contempla la normativa europa que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2016.

El paquete de medidas aprobado hoy es altamente controvertido pues, por primera vez tras una moratoria de cinco años, contempla la posibilidad del desahucio.

Tras asumir su segundo mandato de Gobierno, Tsipras prometió que seguiría defendiendo la protección contra el desahucio, al menos para el 72 % de los hipotecados que no pueden atender a sus pagos.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado esta semana con la denominada cuadriga -Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional- solo contempla una protección absoluta para los propietarios de viviendas con ingresos muy bajos, que constituyen en torno al 25 % de la cartera de hipotecas morosas.

Se trata de personas con ingresos anuales brutos de 8.180 euros en el caso de los solteros, de 13.917 euros para los casados sin hijos y de 20.639 euros para las familias con dos hijos.

Los afectados obtendrán un subsidio para hacer frente a sus obligaciones bancarias.

La oposición acusó a Tsipras de haber mentido a los ciudadanos y de haber abandonado el último resquicio de su ideología izquierdista.

“La ley demuestra que todo lo que prometía Syriza sobre la protección de la primera vivienda era una mentira para aferrarse al poder”, dijo el presidente de la conservadora Nueva Democracia, Vangelis Meimarakis, que acusó al Ejecutivo de ser un “Gobierno neoliberal”.

La presidenta del socialdemócrata Pasok, Fofi Yenimatá, recriminó que el Gobierno haga todo lo que le piden los acreedores y dijo que con esta actuación aumenta la tensión social.

“El 75 % de los deudores se quedan sin ninguna protección. El engaño a los ciudadanos en un tema tan sensible es una página negra en la historia del país”, señaló Yenimatá.

El paquete de medidas aprobado incluye además algunas enmiendas sobre el pago a plazos de las deudas a Hacienda y la Seguridad Social, y la imposición de una tasa a los juegos de azar y al vino.

Las dos últimas son medidas alternativas a la imposición de un IVA del 23 % en la enseñanza privada, una decisión acordada inicialmente en el rescate que desencadenó una ola de protestas.

Ingrid Haack y Remei Calabuig

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