La Audiencia cita a Benjumea y Sánchez Ortega a declarar el 16 de febrero

Madrid, 21 ene (EFE).- La titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha citado para declarar en calidad de investigados al expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y al que fuera consejero delegado de la compañía Manuel Sánchez Ortega el próximo día 16 de febrero.

En la diligencia, a la que ha tenido acceso Efe, la magistrada explica que ambos exdirectivos declararán en calidad de investigados “visto el estado del procedimiento”, después de que la Audiencia admitiese a trámite la querella presentada por dos bonistas el pasado mes de diciembre.

Estos bonistas presentaron la querella alegando que tanto Benjumea como Sánchez Ortega utilizaron la información sobre la realidad económico-financiera de la empresa en beneficio propio.

Según indicó en su auto, la juez ve indicios de un posible delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada, tras su fichaje por la gestora de activos Blackrock.

Además, solicitó a Abengoa la información sobre los pagos efectuados al expresidente Benjumea y a Sánchez Ortega como ex consejero delegado después de que abandonasen la empresa en 2015, e impuso una fianza civil por valor de las cantidades percibidas, 11,5 y 4,5 millones de euros respectivamente.

Ambos querellados presentaron como fianza sendas pólizas de seguro que fueron rechazadas por la Audiencia el pasado 12 de enero al coincidir con la Fiscalía en que el contrato suscrito entre las aseguradoras y Abengoa excluía los perjuicios ocasionados de forma dolosa a la propia empresa.

Precisamente ayer dio comienzo el embargo de los bienes de ambos exdirectivos de Abengoa y se conoció la intención de los querellados de ampliar la causa al resto del consejo de administración y del comité de retribuciones por ser “cooperadores necesarios” del presunto delito de administración desleal.

Abengoa presentó el pasado 5 de noviembre el preconcurso de acreedores, que en caso de no llegar a un acuerdo podría conducir a la mayor insolvencia de la historia de España, lastrada por su alto endeudamiento, al sumar más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.

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