Blesa y Rato se sentarán en el banquillo por las tarjetas de Caja Madrid

Madrid, 1 feb (EFE).- La Audiencia Nacional sentará en el banquillo de los acusados a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al resto de usuarios de las polémicas tarjetas black, una vez ha abierto hoy juicio oral contra ellos por administración desleal y apropiación indebida.

En un auto hecho público hoy, el juez Fernando Andreu reconoce que existen indicios suficientes de administración desleal por parte de Blesa, Rato y del ex director general de medios Ildefonso Sánchez Barcoj con el propósito de apropiarse de forma continuada e indebidamente del patrimonio de Caja Madrid y Bankia.

“Resulta meridianamente claro que los hechos anteriores, y el delictivo uso dado a las tarjetas de crédito, hubiese sido imposible sin la participación de los presidentes de las entidades durante el tiempo que fueron utilizadas las tarjetas, y sin la colaboración necesaria del director del comité de medios”, añade el documento, que recoge los argumentos de las acusaciones.

Los tres pusieron en funcionamiento y mantuvieron un sistema corrupto de despatrimonialización de las entidades, al tiempo que fueron beneficiarios de las tarjetas, por lo que se atisba también indicios de apropiación indebida.

El sistema, prosigue el auto, era claramente “opaco” al establecer que los destinatarios no tenían que presentar “justificación documental alguna” sobre los gastos efectuados.

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y cuatro años y medio para su sucesor al frente de la entidad, Rodrigo Rato, unas penas que Bankia reduce a cuatro y tres años, respectivamente.

Pero la entidad financiera va más allá que Anticorrupción y les acusa también de administración desleal, al igual que el FROB, que reclama cuatro años y nueve meses de prisión para Blesa y tres años para Rato.

El juez Andreu considera la acusación de la Fiscalía por el uso de las tarjetas opacas, emitidas al margen del circuito establecido, durante el período comprendido entre enero de 2003 y mayo de 2012.

Asimismo, las cantidades dispuestas por los beneficiarios de las tarjetas durante la época en la que Blesa ocupó la presidencia de la entidad se cifran en más de 9 millones de euros, mientras que el gasto producido en la etapa de Rato ascendería a casi los dos millones y medio.

No obstante, tal y como reclamaban algunos de los investigados -entre ellos, Rato y Sánchez Barcoj- en sus recursos, el auto reconoce las cantidades reintegradas por éstos tanto a Bankia como al FROB, y que correspondían a los cargos realizados por los acusados en sus tarjetas.

En el auto, contra el que no cabe recurso, Andreu mantiene la acusación contra los otros 63 usuarios de las tarjetas al considerar que habrían incurrido en un delito de apropiación indebida continuada.

En total son 66 los usuarios de las tarjetas a los que se acusa de un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.

En el caso de Bankia, que descubrió y denunció las black, la entidad pide penas a los exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid en función del dinero gastado y el que hayan devuelto.

Bankia sostiene que “ningún integrante de los consejos de administración formuló ninguna observación o reserva” al uso de las tarjetas, las cuales no constan en los informes realizados por la entidad a finales de 2011.

De ese modo, reclama dos años entre rejas a una veintena de antiguos miembros del consejo que gastaron más de 50.000 euros, entre ellos el ex secretario de Estado Estanislao Rodríguez-Ponga y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

Para algunos antiguos consejeros, a pesar de que cargaron importes superiores a 50.000 euros, se pide entre cuatro meses y un año a tenor de las sumas reintegradas.

A aquellos con un gasto por debajo de esta cifra, Bankia solicita penas de entre tres y seis meses, como es el caso del expresidente de CEIM Arturo Fernández y el exministro socialista Virgilio Zapatero, respectivamente.

El juicio oral transcurrirá en la Sala de lo Penal (Sección Cuarta) de la Audiencia Nacional.

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