La Audiencia Nacional retira el pasaporte al expresidente de Abengoa

Madrid, 17 feb (EFE).- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga al expresidente de Abengoa Felipe Benjumea por un posible delito de administración desleal, le ha impuesto hoy medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

En el auto conocido hoy, la magistrada atiende la petición del fiscal José Perals y prohíbe la salida de España al expresidente de la empresa de ingeniería y renovables, que tendrá que depositar su pasaporte ante la Audiencia en las próximas 24 horas, al considerar que no existe certeza de que Benjumea no eluda a la justicia en el futuro.

Acusado de administración desleal a raíz de la querella de dos bonistas de la compañía, Benjumea declaró ayer ante la titular del juzgado de Instrucción nº 3 junto con el exconsejero delegado de la empresa Manuel Sánchez Ortega, a quien se le investiga además por el uso de información privilegiada tras su fichaje por Blackrock.

Sobre el cobro de indemnizaciones millonarias de 11,5 millones y 4,5 millones de euros a Benjumea y Sánchez Ortega, respectivamente, la juez advierte de que existen indicios de su posible participación en el cobro de unas cantidades “que no se corresponden con las pactadas con la compañía, ni son acordes con el estado económico y financiero de la misma” en el momento del cese.

Una versión que cuestiona la del expresidente de Abengoa, que alegó que es una práctica normal “para asegurar su permanencia en el cargo”, y aseguró que su salida fue consecuencia de una exigencia verbal impuesta por las entidades financieras, especialmente por el Santander, de la que no existe constancia por escrito.

El auto señala que tras su cese como presidente ejecutivo, Benjumea permaneció como asesor del consejo de administración de Abengoa, conservando la parte fija de su retribución, 1.086.000 euros anuales.

El expresidente de Abengoa afirmó que la empresa “no tiene ningún problema salvo el de liquidez”, y achacó la situación que actualmente atraviesa la compañía, en preconcurso de acreedores, a la reforma del sector eléctrico y de las renovables puesta en marcha por el Gobierno.

Sánchez Ortega, por su parte, aseguró que su entrada en Blackrock cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa, que es el origen de la acusación que pesa sobre él por uso de información privilegiada, fue “una coincidencia”.

Benjumea, cuya defensa mostró ayer su oposición a la adopción de dichas cautelares, dispone de tres días para presentar un recurso de reforma o de apelación contra el auto dictado por la juez Lamela.

Abengoa presentó el pasado 5 de noviembre el preconcurso de acreedores, que en caso de no llegar a un acuerdo podría conducir a la mayor insolvencia de la historia de España, lastrada por su alto endeudamiento, al sumar más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.

La empresa ha entregado ya su plan financiero a los acreedores -la banca, asesorada por KPMG, y los bonistas-, en el que apunta a unas necesidades próximas de liquidez de alrededor de 700 millones de euros, adicionales a los 165 millones que actualmente negocia con los bonistas.

Transcurrido ya más de la mitad del plazo de cuatro meses previsto para resolver el preconcurso de Abengoa, los negociadores deben alcanzar un acuerdo antes del 28 de marzo, fecha que marcará la entrada en el que sería el mayor concurso de la historia de España.

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