El Parlamento venezolano insiste en frenar el decreto de emergencia económica

Caracas, 17 mar (EFE).- Por segunda vez en dos meses, el Parlamento venezolano de mayoría opositora negó al Gobierno de Nicolás Maduro la facultad para aplicar el decreto de emergencia económica que, de igual forma, se ha seguido aplicando por contar con el aval del Tribunal Supremo de Justicia.

Este jueves, en sesión ordinaria, los diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) se negaron a aprobar la prórroga de este decreto, que ya cumplió los 60 días establecidos, al alegar que en ese periodo el Gobierno no hizo prácticamente nada para paliar la crisis económica.

Maduro, por su parte, criticó la nueva negativa de la AN de respaldar el decreto y calificó la decisión parlamentaria de “lamentable”.

“Lamento mucho que la AN siga de espaldas a la Constitución y a la necesidad de la mayoría de los venezolanos, yo seguiré trabajando con la agenda económica bolivariana”, agregó, y recordó que el Supremo ya le otorgó vigencia al decreto cuando fue rechazado por la Cámara en enero pasado.

Al rechazar el decreto, el diputado opositor y economista José Guerra dijo que ni en los últimos 60 días, ni durante todo el año 2015, cuando el jefe de Estado gozó de poderes especiales para legislar, el Gobierno ha adoptado medida alguna “que tenga algún sentido para resolver la crisis económica”.

Para Guerra, la única medida que se tomó en los dos últimos meses fue modificar la unidad tributaria mientras la situación económica, “lejos de mejorar, se ha empeorado”.

En este sentido, criticó el hecho de que el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) Nelson Merentes, que había sido citado a comparecer esta jornada al Parlamento, no acudiera a la sesión.

Agregó que si un presidente del Banco Central “se niega a presentar las razones de la crisis que nos lleva a la aprobación de un decreto de emergencia económica, entonces no hay los elementos desde el punto de vista económico, ni desde ningún otro punto de vista, que puedan justificar hoy la aprobación de ese decreto”.

Hace dos meses, cuando la AN rechazó el decreto presentado por Maduro, la oposición argumentó que el Gobierno no informaba en ese documento de las medidas que tomaría para resolver la crisis y que solo buscaba fórmulas para cubrir sus ingresos sin aprobación del Parlamento.

Estas mismas razones fueron mantenidas por la bancada opositora en la sesión de hoy.

“El Gobierno trata de resolver su crisis, fiscal principalmente, agravando la crisis del pueblo venezolano, impuestos, alza de precios, y no un alza de precios cualquiera, alzas de hasta 1.500 % (…), es decir una espiral inflacionaria que está devorando el salario y el poder adquisitivo de los venezolanos”, dijo Guerra.

El diputado opositor adelantó que el próximo 5 de abril una comisión parlamentaria va a presentar “un conjunto de propuestas coherentes y bien estructuradas” para resolver la crisis económica y hacerle frente, dijo, a lo que no ha podido solucionar el Gobierno.

A la intervención de Guerra le siguió la del diputado chavista Ramón Lobo, quien señaló que para su bancada no era ninguna sorpresa que la oposición, que tildó de “obstruccionista”, haya negado la prórroga del decreto.

El decreto de emergencia, que es un tipo de estado de excepción que rige en materia económica, comenzó a ser evaluado por la Cámara el pasado 13 de marzo, cuando el Parlamento se declaró en “sesión permanente” para abordar la materia.

La mayoría opositora ya había mostrado su rechazo a este decreto a principios del año cuando negó la solicitud del mandatario de dar rigor al documento presidencial en su primer periodo, una decisión que fue arropada por el fallo del TSJ.

Este decreto permite al Ejecutivo disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.

La AN lleva a cabo una investigación sobre la designación de un grupo de magistrados del Supremo que fue nombrado por la mayoría chavista del Parlamento saliente en diciembre pasado por considerar que el mecanismo utilizado fue inconstitucional.

Asimismo, según la oposición, estos magistrados habrían sido designados por el oficialismo para obstaculizar las decisiones de la AN de mayoría opositora.

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