Blesa y Rato desconocen aún cuándo se sentarán en el banquillo por las black

Madrid, 25 mar (EFE).- Los 66 investigados por el caso de las polémicas tarjetas opacas de Caja Madrid, entre los que se encuentran los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato, continúan a la espera de que la Audiencia Nacional fije una fecha para la celebración de la vista oral.

La demora al fijar el señalamiento del juicio puede prolongarse aún más ya que la Audiencia Nacional sigue evaluando los escritos de defensa en los que los investigados apelan la decisión acordada por Andreu e incluso piden el sobreseimiento del caso.

Así, los encausados siguen sin conocer cuándo se sentarán en el banquillo casi dos meses después de que el juez Fernando Andreu decretase el fin de la instrucción de esta pieza separada del caso Bankia y ordenase la apertura del juicio al existir indicios “meridianamente claros” del uso delictivo dado a las tarjetas.

En las últimas semanas, la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos interpuestos por varios usuarios de las tarjetas opacas o “black” tras considerar que existen “indicios fundados, razonados y justificados” de la comisión de los delitos de apropiación indebida y administración desleal por los que están siendo investigados.

Por ahora, la sección tercera de lo Penal no se ha pronunciado acerca del escrito remitido por Rato hace un mes, en el que el expresidente de Bankia solicitaba su absolución puesto que el uso de estas tarjetas era una práctica “notoria” establecida antes de su llegada a la entidad y conocida tanto por Hacienda como por los supervisores.

Un alegato refrendado por su antecesor en el cargo, Miguel Blesa, que sostuvo ante la justicia que la entrega de estas tarjetas a consejeros y directivos de Caja Madrid era una forma de “dignificar” su trabajo y compensar sus esfuerzos y dedicación.

Una vez queden formulados los escritos de defensa en los que los 66 investigados rechazan haber cometido cualquier acto delictivo por el uso de sus tarjetas, el secretario judicial será el encargado tanto de fijar la fecha para la celebración de las sesiones como de comunicársela a las partes.

Mientras tanto, los beneficiarios de las polémicas tarjetas Visa siguen considerando que Anticorrupción, que pide 4,5 y 6 años de cárcel para Rato y Blesa, respectivamente, al considerarlos máximos responsables, está siendo influenciada por factores externos al proceso.

Sin embargo, la Fiscalía no es el único obstáculo para los investigados, que también tendrán que defenderse de las acusaciones particulares, del FROB y de la propia Bankia, que solicitan entre 6 y 10 años de cárcel por posible administración desleal de los exmiembros del consejo, y apropiación indebida del resto.

El escándalo por el uso de las tarjetas fue detectado por Anticorrupción en un informe, realizado en 2014 a instancias de la auditoría interna de Bankia, en el que señalaba a 86 directivos por haber dispuesto de unas tarjetas de créditos supuestamente opacas sin soporte contractual.

Aunque finalmente el juez Andreu acabó por archivar la causa contra una veintena de usuarios al haber prescrito sus delitos o haber fallecido antes de poder depurar cualquier responsabilidad, como fue el caso de la exconsejera de Caja Madrid Mercedes de la Merced.

Al margen del sector bancario, el caso de las “black” ha sacudido los cimientos de la política y de la empresa nacionales, y ha llevado a varios de sus usuarios a dimitir de sus cargos, como sucedió con el que fuera presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

En su escrito de defensa, al que tuvo acceso Efe, Fernández aseguraba que “jamás” dudó de la “licitud, procedencia y corrección” de su tarjeta -con la que gastó más de 37.000 euros- y manifestaba que de haber albergado la más mínima sospecha, “hubiera puesto de manifiesto dicha circunstancia ante la propia Caja”.

Mientras que el empresario Javier López Madrid -consejero de OHL y yerno del presidente de la compañía constructora, Juan Miguel Villar Mir-, el último en renunciar a su labor profesional como patrono de la Fundación Princesa de Asturias, sostiene que los hechos sometidos a enjuiciamiento “no son constitutivos de delitos”, como se demostrará “oportunamente”.

Por lo pronto, los usuarios de las tarjetas “black” tendrán que limitarse a ultimar una estrategia de defensa con la que desmontar los argumentos de las acusaciones, que también aguardan expectantes el señalamiento del juicio oral.

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