El Gobierno recurre un decreto valenciano que centraliza la competencia en turismo

Valencia, 8 may (EFE).- El ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo ha informado hoy de que la Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de la Generalitat valenciana que centraliza las competencias en materia de turismo y deporte atribuidas a las diputaciones.

En declaraciones a Efe, García-Margallo ha apuntado que, además de este recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se estudia la conveniencia de plantear otro de inconstitucionalidad.

“Se trata de preservar las competencias históricas de las diputaciones provinciales, excuso decir la importancia que tiene para mi provincia, Alicante, que la Diputación siga conservando esas competencias. Lo que funciona no hay que tocarlo”, ha agregado el ministro.

El pasado 28 de abril las diputaciones provinciales de Alicante y Castellón pidieron al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que suspendiese provisionalmente la aplicación de los decretos de Política Turística y Deportiva, aprobados recientemente por la Generalitat.

Los presidentes de los gobiernos provinciales de Alicante, César Sánchez, y Castellón, Javier Moliner, ambos del PP, comparecieron conjuntamente en el palacio provincial alicantino para denunciar que los decretos no tratan de “coordinar esas políticas sino de imponer”, ante lo cual ambas instituciones tratan de “defender” sus intereses.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Generalitat, Arcadi España, ha lamentado la “estrategia de boicot” del Ejecutivo, al que ha acusado de haber puesto ya trabas a la universalización de la Sanidad, a la solidaridad de los valencianos con los refugiados y a la reforma del modelo de financiación autonómica.

“Por un decreto menor en materia de coordinación el Ejecutivo de Rajoy pone en marcha toda la maquinaria del Estado, pero no se preocupaba cuando las diputaciones estaban asediadas por casos de corrupción, con los tres últimos presidentes del PP implicados en graves causas y alguno de ellos en prisión”, ha agregado.

A juicio de España, “un ministro y un Gobierno en funciones no deberían usar la Administración del Estado con fines electorales, porque si Margallo no se presentase por Alicante esto no hubiera pasado”.

“Es un recurso contra la Comunitat y su forma de organizarse. El dinero no es de las diputaciones sino de los valencianos, que nos exigen que lo gestionemos de la forma más eficaz, y a nadie con sentido común le puede extrañar la coordinación de la política turística”, ha concluido.

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