Macri lanza un plan de repatriación de capitales para pagar jubilaciones

Buenos Aires, 27 may (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció hoy un proyecto de ley de blanqueo de capitales que servirá para financiar el pago a jubilados que en los últimos años llevaron a juicio al Estado por reajuste en función del coste de vida, y para implantar una pensión universal.

Las medidas integran el denominado “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, que deberá ser aprobado por el Congreso argentino y que busca terminar “con años de injusticia” del Estado respecto a unos 2,5 millones de jubilados que no reciben los montos que deberían, según indicó el mandatario, pese a que algunos incluso cuentan con sentencias judiciales a favor.

En un momento de transición para la economía argentina que está afectando especialmente a los sectores más vulnerables por la elevada inflación, el ajuste tarifario y los despidos en muchos sectores, Macri buscó un gesto con “aquellos que tal vez más necesitan del Estado y no pueden esperar”, los jubilados.

“Para poder pagar todas estas deudas queremos cobrarle un impuesto a los que más tienen y a los que han evadido impuestos en los últimos años. (…) Hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior y que se los llevaron porque no confiaban en el Estado”, dijo Macri, durante un acto con jubilados hoy en Buenos Aires.

“Ya no hay más lugar para esconder cosas como en el pasado”, agregó el presidente, antes de invitar a “hacer un sinceramiento fiscal” e iniciar una etapa en la que todos los argentinos pongan lo que tienen que poner.

Para acceder al blanqueo, el Gobierno argentino plantea tres opciones: pagar un impuesto especial, suscribir bonos por el monto declarado o hacer inversiones de largo plazo en el país.

Aquellas personas físicas o jurídicas que declaren menos de 305.000 pesos (unos 21.500 dólares) no pagarán nada en concepto de gravamen y hasta 800.000 pesos (unos 56.000 dólares) el impuesto será del 5 %.

Por encima de esa cantidad, la tasa a pagar será del 10 % hasta el próximo 1 de enero, fecha en la que el impuesto subirá al 15 %.

En declaraciones a los medios tras el acto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, advirtió que las personas que no blanqueen ahora tendrán más difícil esconder sus capitales en el exterior ya que el Fisco argentino ha suscrito convenios con 48 países, incluidos antiguos paraísos fiscales, para solicitar información.

El ministro precisó que el Gobierno no maneja una estimación de cuánto dinero podrá recaudar con esta medida, pero que son “optimistas”.

Los fondos obtenidos se destinarán a la corrección de las jubilaciones que en las últimas décadas no se liquidaron bien y a instaurar una pensión universal, que podrá percibir cualquier argentino a partir de 65 años incluso aunque no haya cotizado los años suficientes.

“Sobre 2,5 millones de jubilados que cobran en promedio 10.000 pesos (unos 700 dólares) a partir de esta medida percibirán 14.500 (unos 1.000 dólares), un 45% de crecimiento en sus haberes, al respetarse lo que había establecido la Corte Suprema de Justicia y no se cumplía hace más de 20 años”, explicó posteriormente Emilio Basavilbaso, titular de la Seguridad Social argentina.

La corrección se refiere a la necesidad de reajustar las pensiones en función del coste de vida, establecida por ley, que no se aplicó como correspondía en las últimas décadas según el Poder Judicial.

El objetivo es “terminar con décadas de atropello”, de “estafa”, a los jubilados que o bien “hoy no están cobrando lo que corresponde”, o bien se encuentran “en trámite judicial” o que ya cuentan con sentencias favorables que el Estado no ha cumplido, en palabras de Macri.

Por su parte, la pensión universal alcanzará el 80 % del monto de la jubilación mínima establecida por ley.

De ser necesarios fondos adicionales a los que se obtengan del blanqueo de capitales, el Gobierno hará frente a las jubilaciones con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Seguridad social argentina.

Las iniciativas deberán ser ahora analizadas con carácter prioritario por las dos cámaras del Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría.

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