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Los directivos de Caja Madrid, dispuestos a defender las “black” ante el juez

Madrid, 19 jun (EFE).- Los directivos de Caja Madrid procesados por el uso de las tarjetas “black” afinan su estrategia de cara al juicio que les sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional el próximo septiembre y en el que tratarán de demostrar la transparencia de lo que consideran parte de su retribución salarial.

Más de una docena de altos cargos de la extinta entidad, acusados de apropiación indebida continuada, se enfrentan a penas de hasta dos años de prisión y multa de 63.000 euros, como solicita Anticorrupción, representada en esta pieza separada del caso Bankia por el fiscal Alejandro Luzón.

Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, argumentarán que Caja Madrid les pagaba una parte de su retribución salarial a través de una tarjeta de crédito de uso personal aprobada anualmente por la Comisión Ejecutiva del Comité de Dirección.

A su vez, ésta delegaba en el presidente la asignación personal, cuantitativa y cualitativa de la masa salarial, con la única limitación de no sobrepasarla y con la obligación de informar a la Comisión de Retribuciones para que velase por su cumplimiento.

Una labor que Miguel Blesa, ahora acusado por Bankia y el FROB de administración desleal al igual que su sucesor al frente de la caja, Rodrigo Rato, cumplió rigurosamente como consta en las actas incorporadas a la causa y que no han sido tenidas en consideración pese a tratarse de documentos que refrendarían su inocencia, aseguran a Efe fuentes de las defensas.

De esta forma, los directivos se preparan para desmontar el informe emitido en junio de 2014 por la nueva auditoría interna de Bankia que detectó las supuestas irregularidades y que consideró que las tarjetas estaban emitidas fuera del circuito ordinario.

Las mismas fuentes niegan tal versión ya que, sostienen, las tarjetas fueron registradas en soporte informático e incluso pasaron a disponer de un límite legal en 2012, tal y como consta en el sumario de una pieza que fue sobreseída parcialmente en 2015 al considerar tanto el juez como la Fiscalía la validez de los argumentos presentados por los directivos.

Asimismo, confían en que la ingente documentación anexa a la causa demuestre que no existió ocultación de ningún tipo, ya que el gasto de las tarjetas estaba contabilizado dentro del plan contable de Caja Madrid al que tenía acceso la Agencia Tributaria.

Sobre el supuesto de apropiación indebida, las fuentes sostienen que los directivos no sustrajeron patrimonio como prueba el hecho de que la Fundación Montemadrid, sucesora de Caja Madrid desde finales de 2012, no se haya personado como acusación particular.

De hecho, manifiestan que quienes asesoraron a la fundación en la apertura de la pieza sobre las “black” rechazaron expresamente cualquier intento de emprender acciones penales o de exigir la devolución de las cantidades supuestamente defraudadas.

Aunque, dichas fuentes descartan que las alegaciones que formularán algunas defensas durante las dos jornadas de cuestiones previas consigan declarar la nulidad del juicio, esperan que en esta ocasión el tribunal reconsidere el criterio que devolvió al banquillo a los directivos.

Del 30 de septiembre al 7 de octubre, los 65 antiguos usuarios de las “black” procesados serán interrogados por la sala, entre ellos Blesa y Rato, para quienes la Fiscalía solicita seis y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente.

A continuación, los días 10, 11 y 13 de octubre desfilarán por la Audiencia Nacional los testigos, mientras que dos semanas después lo harán los expertos aportados por las partes con el fin de defender las pruebas periciales incorporadas a la causa.

Una vez finalizados los interrogatorios a los peritos, la sala valorará las pruebas documentales, así como los informes durante tres días, 16, 17 y 18 de noviembre, fecha en la que espera que quede vista para sentencia una causa iniciada hace dos años.

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