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Tribunal de Cuentas ve fallos en el control de cobros indebidos de pensiones

Madrid, 21 jul (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha alertado hoy de “deficiencias” en el control de la Seguridad Social en 2014 sobre el fallecimiento de pensionistas cuya prestación se seguía pagando, así como de “retrasos” en la reclamación de cobros indebidos de prestaciones, lo que ha provocado la prescripción de algunas deudas.

El Pleno del Tribunal ha aprobado hoy el “Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2014” en el que también se ha detectado una “deficiente comunicación” entre el INSS y la Tesorería.

El informe advierte de las “lagunas” en el control que el INSS realiza sobre el fallecimiento de los perceptores de una pensión, debido, sobre todo, a las “carencias” de la información que remiten la Dirección General de los Registros y del Notariado y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

También se achaca a los criterios establecidos por el INSS para efectuar el cruce informático, “que no garantizan que a partir de la información disponible se detecten y se den de baja a todos los pensionistas fallecidos”.

El Tribunal afirma que el INSS no tiene establecido un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión “y las entidades financieras colaboradoras en el abono de las pensiones tampoco efectúan de manera sistemática dicho control”.

Estas “lagunas” han determinado que durante el periodo 2012-2014 haya prescrito el derecho a reclamar las deudas por un importe de, al menos, 10,28 millones de euros.

Por ello, el Tribunal insta a las entidades financieras a que efectúen un control de vivencia de los pensionistas y que remitan la correspondiente comunicación, y a las direcciones provinciales a que realicen de manera sistemática un control, al menos trianual, con el fin de interrumpir el plazo para que opere la prescripción.

En relación a la detección de los deudores por cobros indebidos de prestaciones, se señala que se estaban reclamando con dos años de retraso los complementos a mínimos de las pensiones percibidos indebidamente por incompatibilidad con los ingresos del beneficiario.

Según señalan, esto supone un riesgo de cobro indebido del complemento a mínimos en los años sucesivos, ya que la normativa vigente no permite la suspensión cautelar en los casos de reincidencia.

Además concluyen que el INSS no disponía, durante el periodo fiscalizado, de un manual interno para la tramitación de los cobros indebidos de prestaciones que contemplase aspectos como criterios de gestión, controles a realizar, forma de efectuar estimaciones y cálculos, custodia de la documentación, fuentes de datos disponibles, etc.

Por otro lado, al parecer no hay un criterio uniforme en las distintas direcciones provinciales ante supuestos idénticos o muy similares, debido a que la Dirección General no homogeneiza ni coordina las actuaciones “más allá de dictar instrucciones sobre aspectos parciales de la misma”, dice el informe.

Asimismo, el inventario de deudores por prestaciones del INSS a 31 de diciembre de 2014 presenta una serie de incidencias como la omisión de la fecha de resolución de expedientes que ya han sido resueltos, la inclusión de expedientes sin saldo inicial de deuda ni movimiento en el ejercicio, entre otras.

En relación a la recuperación de la deuda por cobros indebidos de prestaciones, según los datos del inventario de deudores, a 31 de diciembre de 2014, la deuda comunicada por el INSS a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para su gestión de cobro ascendía a 71.683.000 euros, correspondiente a 58.133 expedientes.

Pero durante la fiscalización, este inventario fue remitido a la TGSS para que confirmara su información, y esta comunicó que el importa de la deuda que ella estaba gestionando ascendía a 15.289.000 euros, correspondientes a 174.047 expedientes.

“Esta significativa diferencia indica que existe una deficiente comunicación entre ambas entidades, así como que existe el riesgo de que el saldo del inventario de deudores por prestaciones no refleje su situación real”, concluyen.

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