Acreedores negocian en Atenas un nuevo desembolso del rescate

Atenas, 12 sep (EFE).- Los acreedores de Grecia han retomado hoy en Atenas las negociaciones con el Gobierno de Alexis Tsipras sobre los flecos que quedan pendientes de la primera evaluación del rescate y de cuya aplicación depende el desembolso de un tramo de 2.800 millones de euros.

En su primer día de estancia en Atenas, los representantes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Fondo Monetario Internacional abordan temas relacionados con la lucha contra la corrupción y la creación de un superfondo de privatizaciones que sustituirá al ya existente.

La lista de requisitos previos para poder obtener los restantes 2.800 millones de euros de este segundo tramo -en mayo ya hubo un desembolso de 7.500 millones- abarca 15 puntos, de los que por ahora solo se han completado dos.

Los socios del Eurogrupo instaron la semana pasada al ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, a completar hasta finales de mes las medidas pendientes para poder cobrar hasta el 31 de octubre.

De este tramo de 2.800 millones de euros, está previsto que 1.700 millones se destinen al pago de atrasos del Estado y el resto al servicio de la deuda.

El Gobierno ha insistido en la importancia de poder devolver deudas como herramienta fundamental para insuflar aire en la economía local.

Entre los flecos que se abordarán durante esta semana figura la cesión de la propiedad de una serie de organismos de Estado al nuevo fondo de privatizaciones.

En el acuerdo de rescate figuran algunas compañías públicas, como las aguas de Atenas y de Salónica, la empresa distribuidora de electricidad y el metro de Atenas.

La privatización de las compañías de aguas figura entre los temas mas espinosos, y el primer ministro, Alexis Tsipras, recalcó este domingo que el Estado cederá solo un paquete minoritario de las acciones, para así poder garantizar que se mantiene su carácter público.

Además está pendiente la aprobación parlamentaria de la privatización del antiguo aeropuerto de Ellinikón, cedido a un consorcio formado por inversores griegos, chinos y emiratíes.

Otro punto en el que se ha producido un retraso es en la cesión al fondo de privatizaciones de las acciones públicas en la compañía telefónica OTE.

Parte esta antigua empresa pública de telefonía todavía está en manos del Estado y el resto es propiedad de Deutsche Telekom, por lo que las negociaciones dependen en parte del comportamiento de la compañía alemana.

Entre los puntos todavía pendientes figura además la eliminación de las tarifas reducidas en el seguro de enfermedad de las que gozaban algunas profesiones liberales, como médicos, abogados o ingenieros.

El Estado también deberá abolir la rebaja que existía en el pago retroactivo de cotizaciones a la Seguridad Social para personas que empezaron a contribuir tarde.

Hasta ahora una persona que, por el motivo que sea, ha empezado a cotizar tarde, puede hacerlo retroactivamente hasta un máximo de cinco años con una tarifa reducida, herramienta que utilizan muchos para no ver mermada su pensión.

Una vez completada esta serie de requisitos, Grecia pasará a una nueva etapa de las negociaciones, con la segunda revisión de este tercer rescate, cuya cuantía total puede ascender a un máximo de 86.000 millones de euros.

En esta nueva revisión que comenzará en octubre y de la que depende el desembolso de otros 6.100 millones de euros, figura uno de los temas más espinosos de toda la negociación, la reforma laboral.

El tema es controvertido incluso entre los propios acreedores, y mientras la parte europea quiere que en materia laboral se apliquen las mejores practicas europeas, el Fondo Monetario Internacional, que representa al ala mas dura, exige liberalizar los despidos colectivos y eliminar la negociación colectiva.

La negociación colectiva ya había sido abolida por el Gobierno anterior a instancias de los acreedores, pero el Ejecutivo de Tsipras quiere restaurarla.

En un discurso pronunciado el sábado en la feria de Salónica, Tsipras prometió que defenderá ante los acreedores los derechos laborales y que para ello cuenta con un “aliado inquebrantable”, que es el acervo comunitario. “No podemos aceptar nada menos que eso”, remachó.

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