Las autopistas radiales de Madrid afrontan d铆as clave para su futuro

Madrid, 25 sep (EFE).-El futuro de las radiales madrile帽as R-3 y R-5 afronta d铆as clave en los que el juez de lo Mercantil n煤mero 6 de Madrid decidir谩 si acepta la propuesta del Ministerio de Fomento de concederles 9 meses m谩s de plazo para asumir la explotaci贸n de estas carreteras de peaje.

En el caso de no conseguir este plazo adicional, Fomento tendr铆a que encargarse de la gesti贸n de estas autopistas, que podr铆an quedar cerradas al tr谩fico a partir del pr贸ximo 1 de octubre, tal y como fij贸 el juez Francisco Javier Vaquer, encargado de tramitar otros grandes concursos como Afinsa, Reyal Urbis o algunas de las empresas que integraban el conglomerado de Nueva Rumasa.

El ministro de Fomento y de Justicia en funciones, Rafael Catal谩, ya advirti贸 esta semana de que su departamento asumir谩 la gesti贸n de dichas radiales si el juez as铆 lo decreta y que se intentar谩 que el proceso sea “ordenado, razonable y que garantice los puestos de trabajo”.

En la misma l铆nea se pronunci贸 el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio G贸mez-Pomar, optimista en que se pueda alcanzar una pr贸rroga para asumir estas carreteras de una manera “m谩s cabal” y en las mejores condiciones, con la subrogaci贸n en los contratos que sean oportunos.

La R-3 y la R-5 fueron declaradas en concurso de acreedores en octubre de 2012, al no poder asumir su deuda financiera y lastradas por el coste de las expropiaciones y la ca铆da de los tr谩ficos, coincidiendo con la crisis econ贸mica.

Lo mismo ocurri贸 con el resto de las radiales de Madrid proyectadas durante el Gobierno de Jos茅 Mar铆a Aznar (R-2 y R-4), el Eje Aeropuerto; de la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Oca帽a (Toledo) y La Roda (Albacete); la AP-7 entre Cartagena y Vera o la Circunvalaci贸n de Alicante.

Para solventar los problemas econ贸micos que atravesaban estas carreteras, el Gobierno dise帽贸 una soluci贸n que pasaba por la creaci贸n de una empresa p煤blica que se hiciera cargo de ellas y la aplicaci贸n de una quita del 50 % de la deuda, que ascend铆a entonces a unos 4.600 millones.

El objetivo, se帽al贸 en innumerables ocasiones la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, era evitar que se pusiese “un solo euro” p煤blico para rescatar estas sociedades.

Sin embargo, la soluci贸n del Gobierno para evitar la liquidaci贸n no fue compartida por todas las partes implicadas en el proceso, especialmente la banca acreedora extranjera, que en muchos casos fue vendiendo su deuda en las concesionarias a fondos con descuentos de hasta el 80 %.

En este contexto, los jueces acordaron la liquidaci贸n de la autopista de peaje al aeropuerto de Barajas, as铆 como de la R-3 y R-5 al no admitir las propuestas de convenio presentadas, decisiones que fueron recurridas por Fomento.

Fomento ve铆a ya imparable la liquidaci贸n de las autopistas de peaje. Se activar铆a entonces la Responsabilidad patrimonial de la Administraci贸n (RPA) que el Estado tiene ante la quiebra de una infraestructura contratada por concesi贸n y que le obliga a pagar a la compa帽铆a que la construy贸 el valor del activo y las inversiones realizadas en el mismo.

Seg煤n los c谩lculos que ofreci贸 en 2015 la patronal que agrupa a las grandes constructoras, Seopan, liquidar las autopistas de peaje en quiebra tendr铆a un coste superior a 8.000 millones (un valor de 5.700 millones seg煤n sus estimaciones -4.500 millones seg煤n el valor oficial- y un coste en los tribunales de hasta 2.342 millones).

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