El PE pide al Gobierno que comparezca para explicar el nuevo proyecto presupuestario

Estrasburgo (Francia), 6 oct (EFE).- La Eurocámara pidió hoy al Gobierno español que comparezca en octubre en un segundo debate sobre la posible suspensión de fondos estructurales para explicar el nuevo proyecto de presupuesto que debe presentar ante la Comisión Europea (CE) en su compromiso de reducir el déficit.

La conferencia de presidentes -donde se reúnen los líderes de los grupos parlamentarios con el presidente de la institución, Martin Schulz- decidió hoy que el diálogo con la CE debe continuar, tras el debate del lunes en el que una mayoría de diputados se opuso a esa hipotética suspensión.

Schulz mantiene la línea de lo acordado en las comisiones de Economía y Asuntos Monetarios y la de Desarrollo Regional que, en una carta a la que tuvo acceso Efe pidieron a los gobiernos de España y Portugal -los únicos países que están bajo el procedimiento de déficit excesivo- que comparezcan antes de finales de octubre para un “intercambio de puntos de vista”.

“Si los Gobiernos no responden positivamente a esta invitación, el diálogo no se suspenderá ni se retrasará”, afirman los parlamentarios en la carta.

La Eurocámara pide que sean los ministros de Finanzas quienes acudan al diálogo, aunque plantea que, si estos no pudieran, pueden acudir otros ministros en representación.

La prolongación de este diálogo implica que la CE no puede tomar ninguna decisión por el momento acerca de la suspensión de fondos, que podría afectar hasta a un 20 % de los compromisos de 2017.

Al mismo tiempo, la Eurocámara pide al Ejecutivo comunitario que “aporte información adicional” sobre el procedimiento, puesto que aún no ha dado pistas ni datos concretos de los importes que podría llegar a congelar.

Esa fue una de las mayores críticas de los eurodiputados en el debate del lunes, que pidieron más detalles sobre el impacto que podría tener la decisión en la economía de los países, ya que el recorte podría afectar a programas de empleo o agricultura, entre otros.

Sin embargo, la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, afirmó que esa suspensión “no sería una sanción” y que “no tendría un impacto a corto plazo en absoluto”.

“Si suspendemos una parte de los compromisos de 2017 esto afectará únicamente a finales de 2020, pero solo si el país no adopta ninguna medida para cumplir”, precisó durante el debate.

Algunos parlamentarios han planteado la posibilidad de una congelación “simbólica” o incluso “cero”, después de que España se librara en julio de una multa que podía haberse elevado hasta el 0,2 % de su PIB (2.200 millones).

La CE no ha negado abiertamente esta posibilidad pero sí ha dicho que “tiene la obligación legal de actuar”, aunque no existe una fecha estipulada para esta decisión, parte de un procedimiento que se pone en marcha por primera vez.

España tiene hasta el 15 de octubre para presentar un nuevo proyecto presupuestario para 2017.

Por otra parte, Bruselas le ha concedido dos años adicionales, hasta 2018, para reducir su déficit por debajo del máximo del 3 %, a cambio de un ajuste de más de 10.000 millones de euros.

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