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La reforma que sube la meta de déficit de las CCAA es aprobada con el PP, PSOE, C’s y PNV

Madrid, 20 oct (EFE).- La reforma de la Ley de Estabilidad que permitirá que las autonomías puedan tener más margen de déficit para 2016 y 2017 continuará su trámite de urgencia en el Senado tras ser aprobada hoy con mayoría absoluta en el Congreso, gracias al apoyo del PP, PSOE, Ciudadanos y PNV, entre otras formaciones políticas.

De esta forma, el artículo 15 de la Ley de Estabilidad cambiará para permitir que un Gobierno en funciones pueda actualizar los objetivos de déficit y de deuda de las administraciones públicas en el caso de que la UE recomiende nuevas metas.

El pleno del Congreso ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y las casi cuarenta enmiendas registradas.

Sólo se han aprobado dos enmiendas, una pactada por PP, PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria referente a garantizar el régimen especial canario y de Ceuta y Melilla en la reforma del impuesto de sociedades que se convalida hoy y otra sobre la viabilidad de la sociedad Bilbao Ría 2000, cuya deuda se está refinanciando a través de un crédito sindicado en el que participan Adif y Sepes.

La proposición de Ley ha recibido 255 votos a favor, 84 en contra y 4 abstenciones correspondientes a Compromís.

Los grupo parlamentarios del PP, PSOE, Ciudadanos y PNV han defendido que la reforma de la Ley de Estabilidad se lleve a cabo con el fin de que las autonomías puedan gozar de un déficit superior en 2016, que subirá al 0,7 % del PIB, frente al 0,3 % que marcaban los presupuestos de 2016.

Sin embargo, los grupos parlamentarios de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y ERC, así como formaciones del Grupo Mixto como el Partido Democrático de Cataluña (PDC), han criticado la arbitrariedad de un Ejecutivo en funciones para cambiar estas metas de déficit que pueden ir dirigidas a dar más holgura en el gasto de las administraciones o, en sentido contrario, a reducirlo.

La reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tendrá que ser debatida ahora en el pleno del Senado, donde deberá ser aprobada también con mayoría absoluta por ser una ley orgánica.

El Ejecutivo en funciones considera que el cambio en la Ley estará definitivamente aprobado la próxima semana ya que la tramitación se ha aprobado por urgencia y en lectura única.

La portavoz del grupo parlamentario del PP Matilde Asian ha defendido la reforma porque favorece a 46 millones de personas en materia de sanidad, educación y ha aseverado que evita que los “ciudadanos paguen las consecuencias de no tener un Gobierno en plazo”.

Ha defendido la necesidad de que las autonomías puedan elaborar con rigor sus presupuestos y tengan más margen en los gastos destinados a los servicios sociales.

En el mismo sentido, el portavoz de Economía del grupo socialistas, Pedro Saura, ha abogado por aprobar una modificación “puntual” que favorece a las comunidades autónomas, aunque se ha mostrado a favor de cambiar en profundidad y con sosiego la Ley de Estabilidad.

Saura ha sido muy crítico con la enmienda a la totalidad que ha presentado Unidos Podemos y ha lamentado que quieran “nacionalizar la política económica” y pedir “más endeudamiento”.

También el portavoz parlamentario económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha apoyado la necesidad de un cambio en esta ley orgánica para no asfixiar a las comunidades, aunque ha dicho que se trata de un “parche”.

Ha incidido en que el problema de fondo es la financiación autonómica que debe reformarse.

Asimismo, el PNV, CC, UPN y Foro Asturias han votado a favor de la proposición de Ley presentada por el PP, mientras que Unidos Podemos, ERC y el PDC han votado en contra.

El portavoz económico de Podemos, Alberto Montero, ha pedido cambiar el criterio “rígido” de estabilidad presupuestaria y ha abogado por no aplicar las metas de déficit marcadas cuando la tasa de paro es superior al 10 % porque habría “una situación de emergencia”, al tiempo que el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha apostado por acabar con el “dogma” del déficit.

Los partidos nacionalistas catalanes, ERC y el PDC, han abogado por que la distribución del déficit se haga de forma diferenciada entre autonomías y esté vinculada a sus necesidades de financiación o de gasto.

En la misma línea, Compromís ha reclamado que el déficit entre administraciones tiene que repartirse en función de su volumen de gasto, al tiempo que el diputado del PDC Ferrán Bel ha solicitado que sean las Cortes Generales las que aprueben y fijen las metas de déficit en el plazo de un mes cuando la propuesta del Gobierno sea rechazada por el Congreso y el Senado.

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