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Prisión para los dirigentes de UPA-UCE Ignacio Huertas y Maximiano Alcón

Mérida (EFE).- La jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Mérida ha dictado prisión para el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas, y para el secretario de Organización, Maximiano Alcón, tras tomarle declaración en la investigación que se lleva a cabo por supuesto fraude y falsificación de documentos.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, los otros cinco detenidos en la llamada “Operación Tellus” quedan en libertad sin fianza y con cargos, como anunció ya esta mañana la propia organización agraria.

Los dos dirigentes eran los únicos que permanecían en prisión de los siete que fueron detenidos el pasado miércoles por la Guardia Civil, seis de ellos pertenecientes a UPA-UCE, además de Juan Miguel Apolo, gerente de la empresa de servicios que contrató la entidad agraria para el asesoramiento.

La pasada madrugada la juez que lleva el caso dictó libertad sin fianza para la vicesecretaria general, María Antonia Alcalá; el secretario de Acción Sindical, José Cruz, el trabajador de la oficina de UPA en Losar de la Vera Ignacio Trejo y el exsecretario de Organización Miguel Leal.

Huertas y Maximiano Alcón, que volvieron esta mañana al juzgado de Mérida procedentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, a donde habían sido trasladados la pasada madrugada, han prestado declaración desde la una del mediodía hasta pasadas las siete de la tarde.

El secretario general de UPA, el extremeño Lorenzo Ramos, que permanece desde esta mañana a las puertas de los juzgados, ha declarado a Canal Extremadura que todo parte de la denuncia de un antiguo afiliado de UCE contrario a la unión con UPA, que ahora intenta perjudicar a esta organización.

Por otra parte, la Junta de Extremadura ha anunciado hoy que iniciará una auditoría complementaria de las ayudas para el asesoramiento de agricultores entre 2013 y 2015 que complemente a las ya realizadas dado que “parece” que en esa última convocatoria se centra una parte de la investigación a la organización agraria.

En un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio insiste en que no ha recibido ninguna notificación oficial en torno a este asunto, ni petición de información alguna, por lo que desconoce el alcance de la investigación en curso y los presuntos hechos delictivos que se investigan.

No obstante, “dada la gravedad de los hechos presuntamente bajo sospecha y con carácter preventivo, llevará a cabo esas auditorías”, señala el comunicado.

Además, para complementar toda la información posible sobre estos hechos, la Consejería pretende mantener reuniones de trabajo con el anterior equipo de gobierno de la misma y responsables del Organismo Pagador.

La consejería extremeña asegura que todas estas medidas tienen como única finalidad velar por el buen uso de los fondos públicos y por la transparencia en las ayudas al sector agrario regional “que día a día demuestra con su trabajo la honradez y profesionalidad”.

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