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El Fiscal defiende sus pactos con defraudadores famosos para resarcir a Hacienda

Barcelona, 20 nov (EFE).- La Fiscalía de Barcelona defiende en su memoria anual los acuerdos alcanzados con defraudadores famosos, desde la soprano Montserrat Caballé al futbolista Javier Mascherano, gracias a su “óptima” coordinación con la Agencia Tributaria, lo que ha permitido “importantes resarcimientos” a las arcas públicas.

En su memoria de 2015, a la que ha tenido acceso Efe, el área de Delitos Económicos de la Fiscalía de Barcelona destaca que aquellos procesos penales abiertos por fraude fiscal “que más pudieran haber llamado la atención de los medios de comunicación, por la identidad de los implicados en los mismos”, se han saldado mediante acuerdos de conformidad entre defensas y acusaciones.

Es el caso de defraudadores célebres como Montserrat Caballé, Javier Mascherano, el abogado Emili Cuatrecasas y el esposo de la empresaria y mecenas Liliana Godia, que, recuerda la memoria, aceptaron penas de cárcel inferiores a los dos años -suspendidas por carecer de antecedentes- a cambio de devolver a Hacienda las cantidades defraudadas, más los intereses y las multas correspondientes.

La Fiscalía celebra que ese tipo de acuerdos de conformidad han supuesto “importantes resarcimientos al erario público”, que no habrían sido posibles, en su opinión, sin su “óptima coordinación” con la Agencia Tributaria.

La política de la Fiscalía de Barcelona de apostar por las conformidades en el fraude fiscal, añade la memoria, “exige mantener relaciones de máxima confianza y fluidez” con otros organismos, como la Inspección de Tributos de la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado.

Esas relaciones, según el informe, “siempre se han potenciado” y actualmente deben ser calificadas como “óptimas”, pese a que en algún procedimiento concreto, como el fraude fiscal cometido por el futbolista Leo Messi -condenado por la Audiencia de Barcelona a 21 meses de cárcel por defraudar 4,1 millones- haya resultado “imposible aunar criterios” con la Abogacía del Estado.

En opinión del ministerio público, resulta “perfectamente comprensible” que la actuación de la acusación particular ejercida por la Agencia Tributaria “deba ser de máxima uniformidad en todo el territorio, además de especialmente rigurosa en el aspecto de evitar un beneficio a quien se ve incurso en un procedimiento penal, frente a quien se halla ante una responsabilidad administrativa”.

La memoria de la Fiscalía lamenta, por el contrario, que su relación con la Tesorería de la Seguridad Social en delitos de fraude a esta administración “diste mucho de la intensidad y proximidad que se mantiene con la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado”.

Por ese motivo, aunque la Fiscalía de Delitos Económicos se encarga de la investigación de los delitos de fraude a la Seguridad Social, su intervención “finaliza con la presentación de la correspondiente denuncia o querella”, sin que se exploren posibilidades de acuerdo.

El ministerio público tiene entre manos varios “megaprocesos” en los que permanecen imputados una gran cantidad de perceptores de prestaciones indebidas, a través de empresas ficticias sin actividad real constituidas por tramas organizadas y que, según la memoria, “han constituido vehículos de defraudación masiva”.

En ese tipo de causas, advierte el fiscal, es “realmente complicado” distinguir si los beneficiarios son defraudadores o víctimas de las tramas organizadas, teniendo en cuenta que a menudo “han pagado importantes cantidades a mafias” para que los dieran de alta en la Seguridad Social, sea para cobrar una prestación indebida o para legalizar su situación en España.

En opinión de la Fiscalía, en ese tipo de procesos, “con muchos implicados y de diverso grado y condición”, hay que dar una respuesta penal “con criterios más amplios que los que pueda ofrecer una especialidad eminentemente técnica como es la propia de delincuencia económica”.

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