Lagarde niega ante los jueces haber sido negligente en el caso de Tapie

París, 12 dic (EFE).- La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, negó hoy la acusación de negligencia por su gestión del contencioso con el empresario Bernard Tapie cuando era ministra en el Gobierno de Francia, aunque sugirió la posibilidad de haber sido objeto de engaño.

La responsable del Fondo Monetario Internacional se mostró combativa en el tono y en la argumentación de sus respuestas durante la primera sesión del juicio ante la Corte de Justicia de la República (CJR) francesa.

La exministra de Finanzas dejó la impresión de derivar en otros la responsabilidad de la decisión de octubre de 2007 que condujo a su inculpación: decantarse por el procedimiento del arbitraje que acabó beneficiando a Tapie, quien logró una abultada compensación del Estado francés de 403 millones de euros.

De forma repetida reconoció que no se había leído muchas de las notas -y en particular algunas de las más trascendentes- que había elaborado el departamento de Finanzas sobre el contencioso con el empresario que se arrastraba desde mediados de los 90 por la venta de Adidas a través del entonces banco público Crédit Lyonnais.

La razón que dio es que, dada la profusión inabarcable de informes de sus servicios (varios miles al año), su gabinete se los filtraba.

Tampoco dijo haber tenido noticia de una polémica reunión en el Palacio del Elíseo del 30 de julio de 2007 con los consejeros del entonces presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy, y el propio jefe de gabinete de Lagarde, Stéphane Richard (actual presidente de la operadora Orange), a la que asistió en una primera parte Bernard Tapie, que era amigo del jefe del Estado.

De esa reunión Richard salió con la idea de que desde las más altas esferas del Gobierno francés había una preferencia por el método del arbitraje para zanjar de una vez por todas un asunto que, al prolongarse durante más de tres lustros, estaba beneficiando a abogados que se llevaban millones de euros en minutas.

Lagarde, que había sido nombrada ministra de Finanzas en junio de 2007, formalizó el 10 de octubre de ese año la apuesta por el arbitraje, pese a que la Agencia de Participaciones del Estado (APE) estaba en contra, y hoy lo justificó, sobre todo, por el examen que hizo de los dictámenes en 2005 y 2006 del Tribunal de Apelación de París y del Tribunal Supremo.

Aseguró que actuó “en conciencia y en confianza con el único objetivo del interés general”, aunque al mismo tiempo dejó caer que tal vez ella, como otros, fueron “engañados”.

“Si fue así ¿por quién? Tal vez lo sabremos un día. A mí me gustaría saberlo”, se preguntó Lagarde, que puede ser condenada hasta un año de cárcel.

El hecho es que el arbitraje terminó en 2008 con una resolución favorable a Tapie, que fue indemnizado a costa de los 403 millones de euros que pagó el Estado francés.

De nuevo en contra de una parte de su administración, Lagarde no quiso cuestionar ese dictamen y ese fue uno de los elementos que más pesaron para que en 2011 once parlamentarios socialistas decidieran llevar el caso ante la CJR por irregularidades.

Tapie, de 73 años, es una figura controvertida en Francia. Expresidente del Olympique de Marsella y antiguo ministro a comienzos de los 90, llegó a ser condenado en 1995 a dos años de cárcel, de ellos ocho meses en firme, por irregularidades económicas y deportivas cuando estaba al frente del club.

En paralelo a la instrucción en la CJR (una jurisdicción político-judicial híbrida, la única habilitada en Francia para juzgar a miembros del Gobierno por el ejercicio de sus funciones), este asunto ha sido tratado por la justicia ordinaria, que anuló el arbitraje.

Varios de los protagonistas tendrán que sentarse en el banquillo de un tribunal ordinario en una fecha todavía por determinar, empezando por el propio Bernard Tapie, inculpado en particular por malversación de fondos públicos, y Stéphane Richard, por complicidad de ese delito.

Lagarde, que en caso de ser considerada culpable de negligencia podría ser condenada a una pena de hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa, aprovechó su primer interrogatorio para condenar las “calumnias” recibidas durante la instrucción, sobre todo contra el acta de acusación.

Mostró su descontento por “la teoría del complot” que había percibido en las conclusiones de la instrucción y dijo que le había “chocado profundamente la agresividad del tono” en su contra.

El juicio se prolongará hasta el próximo día 20 y será entonces cuando se sepa si los magistrados dictan directamente sentencia o -como ha pedido la defensa de Lagarde- aplazan su veredicto a que la justicia ordinaria haya dictaminado si hubo malversación, lo que aún tardará unos años.

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