El FMI propone acabar gradualmente con los tipos reducidos de IVA en España

Madrid, 13 dic (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aconsejado a España acabar gradualmente con los tipos reducidos de IVA, lo que proporcionaría al país unos ingresos adicionales de en torno al 1,5 % del PIB (más de 15.000 millones de euros) y lo acercaría a la media de recaudación europea por este impuesto.

La jefa de la misión del FMI para España, Andrea Schaechter, ha señalado concretamente al sector de la restauración y, por extensión, al del turismo, y ha incidido en que otros países con un sector turístico tan importante para la economía como el de España no cuentan con tipos diferenciados de IVA.

Schaechter ha reconocido en rueda de prensa para presentar las conclusiones preliminares de la misión que se trata de un tema muy polémico en España, pero ha resaltado también que si un sector económico es competitivo no debería tener problemas para afrontar un IVA más alto.

El FMI añade en su declaración que hay margen para aumentar los impuestos especiales y las tasas medioambientales y enmarca el aumento de los ingresos en la necesaria consolidación fiscal que cree que debe seguir haciendo España para contar con unas finanzas públicas saneadas a medio plazo.

No obstante, el organismo ya no apuesta por la austeridad del pasado, sino por una senda fiscal “mas calibrada” que sea compatible con el crecimiento de la economía y el empleo, pero que permita disminuir la elevada deuda pública.

El FMI aboga asimismo por revisar a fondo el gasto en sanidad y educación para ver si hay posibilidad de nuevos ahorros, si bien Schaechter ha reconocido que cada vez es más difícil encontrar ineficiencias tras los profundos recortes llevados a cabo durante la crisis.

El ajuste fiscal y las reformas estructurales de los últimos años son los que han permitido la “impresionante recuperación y la vigorosa generación de empleo” que el FMI atribuye a España, aunque alerta de los riesgos asociados a la baja productividad y a la elevada tasa de paro, por lo que insta a mantener la agenda reformista.

La institución apunta tres ámbitos de actuación inmediata para los que cree que puede existir un amplio apoyo político: la mejora de las políticas activas de empleo, la reforma del sistema de financiación autonómica para salvaguardar las finanzas públicas y la mejora de la eficacia de las políticas en innovación y educación para aumentar la productividad.

Destaca que la reforma laboral y la moderación salarial de los últimos años han permitido que el mercado de trabajo sea ahora “más resistente a los shocks”, pero resalta que la mayor parte de los nuevos empleos son de carácter temporal, lo que achaca en buena medida a los costes más baratos de este tipo de contratación frente a la indefinida.

La prioridad inmediata pasa en su opinión por promover la creación de empleo entre los desempleados de larga duración y los jóvenes de baja cualificación, para lo que urge a una mejor coordinación del Estado con los gobiernos autonómicos, los que tienen la competencia en unas políticas activas que hasta ahora han tenido un impacto limitado.

Asimismo propone una asignación “más eficaz” de las bonificaciones a la contratación y hacer “más atractivos para los empleadores” los contratos indefinidos, por lo que ve con buenos ojos que en España haya un debate en torno a la posibilidad de implantar el contrato único y el modelo austríaco (fondo individual para cada trabajador que incluye la indemnización por despido).

Además, reclama para las empresas mayor seguridad jurídica y administrativa en despido y más control sobre las condiciones de trabajo.

Para mejorar la productividad, sugiere acelerar la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado y avanzar en la liberalización de los servicios profesionales, apoyar el gasto privado en I+D y mejorar el público, revisar las normas que impiden el crecimiento empresarial y fomentar el acceso a la financiación no bancaria.

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