Maduro sube el bono alimentario y asegura que el sueldo mínimo aumentó en un 42 %

Caracas, 19 feb (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy el aumento del bono llamado “cesta ticket socialista” a partir del 1 de marzo que pasó de 63.720 (91 dólares) a 108.000 bolívares (155 dólares) lo que, aseguró, implica un aumento del sueldo mínimo, que es de 40.638 (58 dólares), en 42 %.

“Para que el cesta ticket tenga la capacidad de arropar la especulación bandida, la especulación parásita y criminal de la calle, por eso es que a partir del 1 de marzo el cesta ticket socialista que estaba 63.700 bolívares pasa a 108.000 bolívares”, dijo durante su programa “Domingos con Maduro”.

Al sueldo mínimo equivalente a 58 dólares según la tasa oficial de cambio más alta (697 bolívares por cada dólar estadounidense) se suman entonces los 155 para un ingreso mensual mínimo de 213 dólares.

Cabe recordar que este bono alimentario no incide en el cálculo de ingresos totales del trabajador en su historial laboral pues no se ve reflejado en las prestaciones sociales u otros pasivos laborales.

Maduro dijo que este nuevo aumento se debe a que a partir del 1 de marzo entra en vigencia el nuevo valor de la unidad tributaria por la que se calcula el pago de los impuestos pasará de 177 bolívares a 300 y con este incremento del bono se busca hacer frente, aseguró a la “especulación”.

El 8 de enero pasado Maduro anunció el aumento del 50 % del salario mínimo mensual, llevándolo de 27.092 a 40.638 bolívares, el primero del año aunque, según aclaró el mismo mandatario, el quinto que ordena en los últimos doce meses para un aumento anualizado de 536 %.

Estos aumentos se realizan en el marco de una crisis económica que se refleja en una inflación galopante, un índice que se percibe en los constantes aumentos de los precios pero que se desconoce porque el Banco Central (BCV) no ha ofrecido datos desde fines de 2015 cuando el número fue de 180,9 %.

La mayor patronal de Venezuela, Fedecámaras, ha alertado que estos aumentos anunciados “de manera inconsulta” por el Ejecutivo puede llevar a reducir los puestos de trabajo y al cierre de empresas que no puedan afrontarlos.

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