Rato, condenado a 4 años y medio de prisión y Blesa a 6 años por las “black”

Madrid, 23 feb (EFE).- La Audiencia Nacional ha condenado hoy a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato a seis y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, al considerarlos autores del delito de apropiación indebida continuada en el caso de las tarjetas “black” de la extinta entidad.

En la sentencia, la sección cuarta de la sala de lo Penal desmonta la naturaleza retributiva de estas tarjetas y señala a sus antiguos dirigentes, entre ellos el ex director general de medios Ildefonso Sánchez Barcoj, condenado a dos años y medio, por rendirse “a una práctica que dilapidaba el patrimonio gestionado”.

Unas palabras que recuerdan a las conclusiones del fiscal del caso, Alejandro Luzón, que descalificó esta conducta por estar próxima al “pillaje y la rapiña”, y con quien el tribunal que preside la juez Ángela Murillo coincide ahora al imponer la pena solicitada en su escrito definitivo.

Los magistrados estiman que es “difícilmente concebible” una remuneración que, de no agotar el límite mensual acordado, no se acumule en la cuenta del usuario para el mes o el año siguiente.

Argumentos que también utilizan para rechazar que algunos de los exconsejeros de la caja empleasen su visa tras cesar en el cargo, como admitió desde la fase de instrucción el sindicalista Rafael Torres Posada, ahora condenado a un año y dos meses de prisión.

De este modo, muestran su rechazo a que los acusados, entre ellos Blesa y Rato, alegasen que se limitaron a seguir una norma “no escrita” que databa de 1988, durante la presidencia de Jaime Terceiro.

“No se trata de que Caja Madrid fuera una entidad milenaria y, por tanto, solvente”, expone el tribunal, que continúa “si ya se disponía de la dieta e indemnización por desplazamientos, es obvio la improcedencia de la emisión de la tarjeta de empresa” en el caso de los exconsejeros.

También profundiza en el papel de los expresidentes, quienes restaron importancia a la emisión de las visas “minimizando la trascendencia de su intervención después de tantos años circulando y sin reparar” en que esta conducta iba en contra del “caudal” de la entidad.

Por este hecho, los magistrados les consideran “actores” en tanto que podrían haber suprimido la operativa, razón por la que tendrán que responder de forma solidaria a los 12 millones en los que está valorado el daño, cantidad a la que deberán deducirse las ya prescritas así como las atribuidas al exconsejero fallecido, Miguel Ángel Araujo.

De esta cuantía, Blesa deberá integrar lo abonado entre 2003 y 2010, y su sucesor lo dispuesto entre febrero de 2010 y mayo de 2012, en concepto de responsabilidad civil; sobre ello, la sala atribuye a Bankia y no al FROB el papel de perjudicado.

En relación al régimen fiscal, concluyen los magistrados que al contabilizarse como tratamiento de gasto de empresa, los condenados “entrañaron un sistema opaco frente a los organismos internos y externos”, en alusión al Banco de España y la Agencia Tributaria.

Es en este punto donde afinan a la responsabilidad de Sánchez Barcoj, condenado a dos años y medio de prisión como colaborador y cómplice de la “mecánica desarrollada”, ya que sabía que este sistema era “irregular” y que ocultaba la realidad del dinero recibido por los usuarios, que sacaban partido de esta planificación “que les permitía una interlocución silenciosa”.

“No es de recibo que el personal altamente cualificado pueda sostener abiertamente que el disfrute de una tarjeta de empresa se integraba en su salario”, carga la sala, que dedica un apartado especial a la presidencia de Rato en Bankia.

En su opinión, el ex director gerente del FMI “mantuvo la misma dinámica en todos los aspectos”; así pues, desde junio de 2011 a mayo de 2012, fecha de su dimisión, “extendió la práctica” a su favor, al de Sánchez Barcoj y al de José Manuel Fernández Norniella, condenado este último a un año de prisión.

Sin embargo, la sentencia, que dicta penas de entre tres meses (Jorge Rábago) y cuatro años de cárcel (José Antonio Moral Santín) para el resto de los 65 acusados, absuelve a Blesa, Rato y Sánchez Barcoj del delito de administración desleal.

Un hecho por el que la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) se plantea acudir al Tribunal Supremo.

Y es que tras notificarse el fallo, las partes disponen ahora de cinco días para interponer sus respectivos recursos, lo que demorará el final de un proceso iniciado en 2014 que necesitó 120 horas de juicio para quedar visto para sentencia.

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