Comienza la reforma de la financiación con PP y PSOE en clima de consenso

Madrid, 23 feb (EFE).- La comisión de expertos que durante los próximos seis meses analizará el sistema de financiación autonómica para sentar las bases de un modelo nuevo se ha reunido hoy por primera vez en medio de un ambiente de consenso, pues tanto el PP como el PSOE afrontan el proceso con clara voluntad de acuerdo.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acudido a la primera reunión de hoy, de la que sólo se ha facilitado información gráfica, para instar a los expertos, uno por cada comunidad menos Cataluña, a que trabajen pensando en lo que une a los territorios y conscientes de que el documento que consigan será clave para la sostenibilidad de la economía española.

Tal y como han apuntado a Efe fuentes de Vicepresidencia, también ha subrayado Sáenz de Santamaría, acompañada por el ministro Cristóbal Montoro, que fortalecer el Estado de bienestar es otra de las metas.

La tarea no es sencilla, de hecho no lo ha sido para conformar los distintos modelos de financiación que ha habido hasta la fecha, pero concurren elementos ahora que invitan a pensar que el acuerdo sobre los criterios técnicos y sobre el modelo global es viable.

En la Conferencia de Presidentes del 17 de enero, a pesar de la ausencia del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, el Gobierno y las comunidades autónomas evidenciaron su sintonía para ir juntos en las fases iniciales de la reforma y para llegar unidos al objetivo.

Por ello, pactaron la creación una comisión técnica (hoy ha empezado a trabajar) y recalcaron su voluntad de lograr el consenso antes de fin de año.

También coincidieron en que uno de los pilares de la “reinvención” del sistema (la palabra la empleó Montoro en una de sus últimas comparecencias antes la Comisión de Hacienda del Congreso) será fijar el coste de los servicios públicos.

Es ésta una cuestión crucial pero sumamente compleja, porque lo que se pretende es determinar cuánto cuesta, por ejemplo, dar un servicio sanitario en una comunidad como Castilla y León, de población dispersa y envejecida, y cuánto cuesta darlo en Baleares, donde la demografía no para de crecer.

El portavoz del grupo socialista en la Comisión de Hacienda, Julián López Milla, en declaraciones a Efe, explica que determinar ese coste “no es un parámetro objetivo”, porque de lo que se trata no es de saber cuánto cuesta un servicio concreto, sino de fijar “lo que cuesta prestar un servicio específico en una comunidad concreta, teniendo en cuenta las características de esa comunidad”.

López Milla ve “posible” llegar a un acuerdo antes de final de año, y se basa en la trayectoria, bagaje y talante de los expertos que forman la comisión. “Por lo que sé de ellos, creo que es probable que redacten unas conclusiones técnicas con amplio grado de acuerdo”, remacha.

A su juicio, más que un informe sobre cómo debe ser la reforma, los expertos enumerarán “un abanico de propuestas”.

Por ello, sostiene, esta fase de trabajo meramente técnico “ayudará” a la siguiente fase, la del acuerdo político.

Porque, además, tanto los expertos, como los gobiernos autonómicos y los partidos, saben que el sistema vigente, que tenía que haberse renovado en 2014, puntualiza López Milla, ha quedado desbordado por la crisis económica.

“El modelo se pensó para una etapa de crecimiento económico, pero ocurrió lo contrario, cayeron los ingresos y las comunidades que estaban más agraviadas y que iban a mejorar su financiación, pues quedaron en peores condiciones”, añade el diputado del PSOE.

Sobre la ausencia, de momento, de Cataluña, recalca que “es una oportunidad perdida” para la Generalitat, pero confía en que termine participando, algo que espera también el PP, si bien, como dijo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la reforma debe seguir adelante aunque no haya representantes catalanes en los foros.

El PP, tal y como han manifestado diversos dirigentes en público, se muestra dispuesto al acuerdo siempre y cuando no se desvíe la discusión a reclamaciones identitarias o a arrancar más privilegios.

Además, para los barones de este partido, es esencial fijar el coste de prestar los servicios, al igual que la actualización de los criterios que sujeten el nuevo modelo: la evolución de la demografía y el envejecimiento de la población serán dos ejes sobre los que girará la reforma.

Por tanto, PP y PSOE, los dos partidos que gobiernan las autonomías, ven “una oportunidad” delante para conseguir, por fin, un buen sistema de financiación.

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