El Gobierno aprueba mañana el real decreto ley de reforma de la estiba

Madrid, 23 feb (EFE).- El Gobierno aprobará mañana el real decreto ley de reforma de la estiba que espera sea convalidado en el Congreso para evitar una multa millonaria, obligado por una sentencia europea y sin consenso con el sector.

“Tendríamos que pagar de nuestros bolsillos millones y millones de euros”, ha afirmado hoy el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una rueda de prensa en la estación de metro de Cercanías de Nuevos Ministerios de Madrid.

De la Serna ha añadido que este real decreto es “el límite de flexibilización máximo” que ha permitido la Comisión Europea (CE), tras unas negociaciones “durísimas”.

El documento “se ajusta estrictamente a lo que es nuestra obligación de acatar la sentencia y lo flexibiliza al máximo a favor de los trabajadores, de acuerdo con lo que nos habían solicitado hasta el límite permitido por la CE”. Además, cuenta con el consenso del sector empresarial, ha agregado.

El ministro ha insistido en que, a partir de ahí, los sindicatos de estibadores y las empresas disponen de un año para hacer los ajustes necesarios dentro de la negociación colectiva.

Los estibadores y Anesco están reunidos en una mesa de negociación colectiva, bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, para buscar un acuerdo sobre cuestiones como la subrogación de los actuales trabajadores, los requisitos de formación o la organización del trabajo.

Ambas partes volverán a la mesa de negociación el próximo martes tras terminar sin acuerdo la reunión de ayer, al tiempo que los estibadores mantienen su preaviso de huelga para nueve jornadas de paros parciales durante tres semanas en marzo, su “única herramienta para defenderse y manifestar su malestar con el decreto”, según los sindicatos.

Para el ministro, es muy positivo que ambas partes se están reuniendo y espera que avancen para aportar tranquilidad a los trabajadores a la hora de preservación de sus derechos, pero le resulta “un poco extraño” la convocatoria de una huelga.

De la Serna cree que sería bueno que esa negociación “se pudiera hacer sin lo que supone tener una huelga que condiciona a la otra parte de la mesa y que, desde luego, no facilita las cosas”.

Las organizaciones sindicales están convencidas de que podrán llegar a un acuerdo con la patronal y confían en que sea posible introducir modificaciones al texto del decreto en su tramitación parlamentaria vía enmiendas.

Sin embargo, De la Serna ha aclarado que, si se introdujeran enmiendas, el decreto se encontraría con la negativa por parte de la CE, con lo cual no sólo, no se evitaría la multa de 134.000 euros diarios, sino que además no se detendría el proceso.

El ministro ha añadido que el proceso se detendrá y habrá un desestimiento en el mismo momento en que exista la convalidación del documento por parte del Parlamento.

Si se cambia el decreto, “cuando se sabe a ciencia cierta que la CE no lo iba a aceptar” o no se aprueba, el sistema se mantendría y, aunque el ministro entiende que los sindicatos harán todo lo posible para mantener su ‘statu quo’, sólo se podría hacer “a costa de una evidente sangría en los bolsillos de todos los españoles y a costa también de una huelga que produciría un grave daño al conjunto de la economía del país”, ha advertido.

Los sindicatos “hacen todo lo posible para que nada cambie”, pero De la Serna confía también en la responsabilidad de los partidos políticos, que, en muchas ocasiones, han defendido la libertad de la empresa y la libre contratación de sus trabajadores.

Preguntado por los apoyos de otros partidos al decreto, ha dicho que el Gobierno sigue hablando con todos, y explica que es una cuestión de la CE, marcada por una sentencia, y que, “si no tomamos esta decisión entre todos”, su consecuencia será una multa millonaria.

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