Bankia, preferentes y fraude, nuevos frentes de los usuarios de las “black”

Madrid, 25 feb (EFE).- La sentencia contra los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y los 63 exconsejeros y antiguos directivos que “mermaron” el patrimonio de la entidad con las polémicas tarjetas “black”, marca el futuro de una veintena de los condenados, envueltos en varios procesos pendientes de resolver.

Pese a que no se trata de la pena más elevada, los cuatro años y medio de prisión impuestos por el tribunal ha trasladado el foco sobre quien fuera director gerente del FMI, tanto a nivel mediático al convertirse en portada de diarios internacionales, como judicial a raíz de las dos grandes causas en las que está involucrado: los casos Bankia y Rato.

El veredicto de la Audiencia Nacional se conoce en un momento clave para la investigación de las supuestas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia, con cerca de cuarenta implicados encabezados por el exministro, presidente de la entidad en aquella época.

Aunque está por ver si la reciente imputación de las antiguas cúpulas del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incide en los delitos que finalmente se atribuyen a los investigados, la intención del juez Fernando Andreu sería la de cerrar lo antes posible una instrucción que dura cinco años.

De ser procesado, Rato volvería a sentarse en el banquillo para hacer frente a penas de prisión que oscilarían entre los doce meses y los tres años en el supuesto de la falsedad contable, y los doce meses y seis años por estafa a inversores.

Allí estaría acompañado de una extensa nómina de usuarios de las “black”, entre los que figuran José Antonio Moral Santín (cuatro años de cárcel), Estanislao Rodríguez Ponga (tres años y dos meses) y José Manuel Fernández Norniella (un año); pero también del ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú, uno de los pocos que no utilizó su tarjeta.

Al margen de este frente, el exvicepresidente del Gobierno afronta un 2017 sensible en lo que a la investigación sobre su patrimonio se refiere tras conocer el informe definitivo de la Oficina Antifraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que el fisco le acusa de haber defraudado unos 6,8 millones entre 2004 y 2015.

Un caso tan complejo como el entramado empresarial con el que habría ocultado rentas en el IRPF superiores a 14 millones durante doce años, y que podría traducirse en varios delitos contra la Hacienda pública, castigados por el Código Penal con entre dos y seis años de cárcel cada uno, y una multa que podría ascender hasta 40 millones de euros.

Pero la sentencia supone además un punto de inflexión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, condenado a seis años de prisión por “propiciar” que se “dilapidara” el patrimonio de la entidad y ahora cuestionado por la comercialización de las preferentes en la pieza separada del caso Bankia.

Absuelto de la venta del City National Bank de Florida -por la que estuvo en prisión quince días en 2013-, la concesión de créditos a Marsans o la sobretasación de hipotecas, su horizonte se encuentra marcado por los sobresueldos de la entidad, causa en la que la Fiscalía Anticorrupción solicita para él cuatro años de cárcel por un presunto delito continuado de administración desleal.

Idéntica pena a la que reclama para su ex mano derecha Ildefonso Sánchez Barcoj como responsable del aumento irregular de las retribuciones a la cúpula de Caja Madrid entre 2007 y 2010; un nuevo varapalo para el ex director general de medios, que esta semana conocía la condena de dos años y medio de cárcel como colaborador y cómplice de la “mecánica” de las visas.

El caso de los sobresueldos, en el que figura como partícipe a título lucrativo quien acuñó el término de tarjetas “black, a efectos fiscales”, el exsecretario de la entidad Enrique de la Torre (condenado a dos años de cárcel), va camino de cerrar un año judicial protagonizado por la corrupción en las cajas de ahorro.

Un año en el que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, en prisión desde 2012 por la quiebra del grupo Marsans, ha visto agravada su situación tras sumar dos años de cárcel por las “black”, una pena que se une a los nueve años y ocho meses de sentencias previas y que podría aumentar de prosperar la investigación de las preferentes.

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