La revalorización de las pensiones, escollo a consensuar en el Pacto de Toledo

Madrid, 26 feb (EFE).- El Pacto de Toledo entra en una fase de intenso trabajo parlamentario, donde el principal escollo será consensuar si la revalorización de las pensiones se mantiene con el actual índice o se introducen modificaciones, después de que la inflación en 2017 pueda situarse en el entorno del 2 %.

“Habrá que tener apertura de miras, sin juicios previos y cediendo cada parte”, señala como objetivo la presidenta de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, en declaraciones a EFE.

Villalobos ha moderado en los últimos tres meses y medio casi una treintena de comparecencias y señala su afán por conseguir acuerdos precisos y tener unas recomendaciones listas a finales de junio.

El reto de los partidos políticos estará en llegar a un acuerdo sobre si volver a revalorizar las pensiones con el IPC.

La portavoz del PP en la comisión, Carolina España, incide en que opciones hay muchas y recuerda el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que aboga por “blindar” la pensión mínima vinculando su crecimiento a la tasa de inflación.

“Estamos absolutamente dispuestos a hablar de lo que sea necesario”, recalca Carolina España.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mercé Perea, señala a EFE que los socialistas “no van a bloquear” la firma de las recomendaciones, pero que tienen como prioridad garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.

En el mismo sentido, el portavoz de la antigua Convergencia, PDeCAT y fundador del Pacto de Toledo, Carles Campuzano, destaca que es “imprescindible” revisar el actual índice de revalorización, porque no protege al pensionista del riesgo de la inflación.

La portavoz de Unidos Podemos, Aina Vidal, aboga por su derogación e insiste a EFE en que ésta es una línea roja junto con el impulso de los planes privados.

Un punto que ningún partido político veta es analizar los planes de previsión social complementarios para incentivarlos y ver qué modalidad pueden tener.

Carolina España afirma que son una fórmula que puede fortalecer la sostenibilidad de la Seguridad Social, mientras el portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo, coincide en “darles valor” y Campuzano aboga por un mejor articulado que vaya más allá de la fiscalidad.

Perea señala que en la nueva redacción de este punto, el PSOE pedirá clarificar los términos para que se “deslinden” de los planes privados.

También pedirá profundizar en la carreras de cotización de las mujeres y de los jóvenes. En el primer caso porque son interrumpidas con los permisos de maternidad y en el segundo para que se reconozcan las prácticas, ya que los jóvenes entran muy tarde en el mercado laboral.

Una línea que el portavoz del PDeCAT también comparte, ya que el mercado de empleo ha cambiado y las carreras laborales ya no son como en el pasado, continuas y en la misma empresa.

Así, otro reto será debatir sobre si hay que cambiar el cálculo de los años cotizados para cobrar la pensión.

Por otra parte, hay coincidencia en que las bonificaciones o reducciones a la Seguridad Social se financien vía presupuestos generales de Estado con el fin de aliviar el déficit del sistema, aunque no hay unidad parlamentaria en el caso de las prestaciones de viudedad u orfandad (de muerte y supervivencia) vía impuestos.

Sergio del Campo considera que esta vía no es más que trasladar el problema del déficit de la Seguridad Social al Estado y Campuzano la ve, sin embargo, con buenos ojos y considera que hay que hacer una revisión global de la pensión de viudedad.

Mercé Perea ve mejor esta transferencia a los presupuestos que pagar las pensiones a través de un préstamo a la Seguridad Social o con emisiones de deuda pública, mientras que Aina Vidal cree que la financiación de las pensiones de viudedad y orfandad están “más seguras” dentro de la Seguridad Social.

Otra de las conclusiones a las que se han llegado es que el sistema tiene que ser más transparente para que los trabajadores conozcan sus carreras de cotización, como han señalado el Banco de España o la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF).

La mayoría de los portavoces destaca el punto de inflexión que marcó con su comparecencia en la comisión el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, cuando advirtió de que adoptar decisiones regulatorias tiene un impacto importante en los futuros pensionistas y coinciden en que habrá que tener en cuenta su asesoramiento.

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