La demanda de Iberdrola a Bankia por la salida a bolsa, vista para sentencia

Madrid, 10 mar (EFE).- La demanda de Iberdrola contra Bankia por la salida a bolsa ha quedado hoy vista para sentencia, tras dos jornadas en las que la eléctrica ha defendido que invirtió por los datos recogidos en el folleto de la oferta pública y el “atractivo” de una operación que contó con el “respaldo” del Banco de España.

La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán invirtió en Bankia 70 millones y perdió 12 millones, ya que, aunque poco después del debut bursátil redujo su participación, en febrero de 2012, poco antes de la intervención de la entidad, volvió a comprar acciones.

La vista ha generado cierta expectación entre empresas cotizadas como Meliá y el Grupo Villar Mir, que también invirtieron en Bankia y que ahora reclaman un vicio en el consentimiento que les permita recuperar su inversión como los pequeños accionistas.

Sobre este hecho han incidido las partes durante las sesiones, en las que Iberdrola ha sostenido que sólo utilizó información pública, fundamentalmente la aportada por los bancos colocadores y el folleto informativo remitido a la CNMV, con “graves inexactitudes” y desfases en las cifras, como reconoció el Tribunal Supremo en enero de 2016.

Uno de los peritos propuestos por Bankia, Rubén Manso, ha afeado estas acusaciones, ya que si bien por ley las empresas no pueden acceder a otro tipo de datos, “tenía acceso directo para llamar y preguntar”, algo que Iberdrola hizo por su propia iniciativa.

En este mismo sentido se ha pronunciado la entidad, que ha definido a Iberdrola como inversor “profesionalísimo” y, por tanto, “suficientemente competente” como para entender los riesgos de este tipo de operación, a diferencia de los particulares.

Otra de las claves del juicio ha sido determinar cuáles fueron los motivos que llevaron a la multinacional a tomar una decisión que, según Bankia, se debió a que eran socios estratégicos y a que Iberdrola obtenía beneficio para sí misma por los menores costes de financiación si el banco salía a bolsa.

El director económico-financiero de Iberdrola, José Sáinz Armada, ha asegurado que apostó animado por la “rentabilidad de sus inversiones y la obtención de beneficios”, y ha dicho que no le consta que su empresa haya recibido llamadas ni de la ministra de Economía entonces, Elena Salgado, ni del que era gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Aunque ha negado que la inversión se debiera a un “carácter sistémico”, sí ha explicado que el objetivo de Iberdrola era que el debut bursátil de Bankia contribuyera a bajar la prima de riesgo.

Enconado el debate entre las partes, pues mientras la entidad ha asegurado que dada la alta participación de Iberdrola en el tramo institucional “si dice que no quiere acudir, la operación no sale”, la energética ha incidido en que el banco “falseó su imagen” hasta el punto de que nadie, “ni siquiera el propio regulador”, pudo encontrar “atisbos de inexactitud”.

A diferencia de lo manifestado por Sáinz Armada, peritos y la defensa de Bankia han reprochado el “interés” de Iberdrola en una operación con la que, en su opinión, podía reducir el coste de su financiación, que asciende a más de 30.000 millones, 800 aportados por Bankia, aunque la eléctrica cifró en 300 millones.

Al margen de las inexactitudes del folleto, la letrada de Iberdrola también ha negado el cruce de consejeros entre ambas instituciones, ya que “el único que tenía presencia en Iberdrola era de la matriz, BFA”, en alusión al expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, que no obstante también era vicepresidente de Bankia en el momento del debut bursátil.

Con todo, la calificación de inversor institucional podría marcar el devenir del proceso, en tanto que, según el Supremo, los desfases entre las cifras del folleto y las reales sólo afectaron de forma plena a los pequeños inversores.

Con todo, será la sentencia de la demanda de Iberdrola la que sirva de termómetro a empresas como Meliá y el Grupo Villar Mir, que acudieron a la llamada de Bankia en julio de 2011 y que continúan pendiente de sus litigios por vía judicial.

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