España cumple el objetivo de déficit para 2016 al cerrar en el 4,33 por ciento del PIB

Madrid, 30 mar (EFE).- Las administraciones públicas españolas cerraron 2016 con un déficit público del 4,33 % del PIB -una cifra que se eleva hasta el 4,54 % una vez contabilizadas las ayudas a la banca-, con lo que se cumple el objetivo pactado con Bruselas de no superar el 4,6 % del PIB.

El cumplimiento del objetivo de déficit ha sido posible en gran medida gracias al mayor superávit de las corporaciones locales, el fuerte ajuste realizado por las comunidades autónomas y el “esfuerzo de contención del gasto público”, ha explicado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Montoro ha celebrado que se haya cumplido la meta de manera “compatible” con el crecimiento económico y la creación de empleo y ha abogado por trabajar para garantizar que este año, con un objetivo de que el déficit del 3,1 % del PIB sea “el último que España va a estar en procedimiento de déficit excesivo”.

Las administraciones públicas españolas terminaron el ejercicio 2016 con un déficit de 48.187 millones -sin contabilizar los 2.389 millones en ayudas a instituciones financieras-, un 12 % menos que en 2015.

Por subsectores, la administración central sumó un déficit equivalente al 2,52 % del PIB, cuando su objetivo era del 2,2 %, de los que el Estado contabilizó un déficit del 2,63 % del PIB y otros organismos, un superávit del 0,12 %.

El pasado año, los ingresos no financieros del Estado ascendieron a 179.230 millones de euros, un 0,9 % menos, tras descender tanto los ingresos tributarios como los no impositivos, en este último caso debido a que la liquidación del ejercicio 2014 fue favorable a las comunidades autónomas.

En 2016 los ingresos por impuestos ascendieron a 152.255 millones, en línea con 2015, después de que la recaudación por IVA se incrementase en un 2,3 %, hasta los 63.738 millones.

La recaudación por IRPF creció un 2,7 %, aunque la parte de ingresos que corresponde al Estado bajó un 2,3 % por las transferencias a las comunidades autónomas y los ingresos derivados del impuesto de sociedades un 2,9 %, hasta los 22.731 millones.

Los gastos bajaron un 1,3 %, hasta los 208.538 millones, en parte por las transferencias destinadas al Servicio Público de Empleo Estatal, el menor pago de intereses y el ahorro de 4.675 millones por el cierre anticipado del ejercicio presupuestario y el acuerdo de no disponibilidad.

Los fondos de la Seguridad Social terminaron el pasado año con un déficit equivalente al 1,62 % del PIB, con lo que cumplieron el objetivo de no superar el 1,7 %, aunque el desfase presupuestario se incrementó en 4.946 millones, un 37,6 %.

Este incremento del déficit se debe a las menores transferencias al Servicio Público de Empleo, lo que ha sido parcialmente compensado por el buen comportamiento de las prestaciones por desempleo y las cotizaciones sociales y, como ha explicado el ministro, a que “ha habido subida de pensiones”.

En cuanto a las comunidades autónomas, cerraron 2016 con un déficit global del 0,82 % del PIB, por encima del objetivo del 0,7 % pero lejos del 1,74 % de 2015.

El ministro ha destacado que once comunidades cumplieron su objetivo el pasado año: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja y País Vasco.

De esta manera, se demuestra que los recursos que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas se “han destinado a reducir el déficit público”, lo que en su opinión desmiente las acusaciones de que “no había control” sobre ellas.

Las corporaciones locales lograron un superávit del 0,64 % del PIB, un 36 % superior al de 2015, cuando su objetivo era el equilibrio presupuestario.

Montoro ha advertido que la deuda pública “sigue siendo muy alta, excesiva”, ya que representa el 99,4 % del PIB, con lo que se cumple el objetivo de no superar el 100 %.

Ha apuntado también que la deuda se reducirá a medida que se corrija el déficit público y ha reiterado que una posible quita a las comunidades autónomas se trata de “una opción más” que se abordará en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómico.

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