Las familias numerosas conservarán el descuento en el recibo de la luz

Madrid, 3 may (EFE).- Las familias numerosas y las que cuenten con un pensionista -por jubilación o incapacidad permanente- que perciba la pensión mínima se mantendrán como beneficiarias del bono social, el descuento que se aplica a los consumidores de energía eléctrica más vulnerables.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha remitido hoy a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para su informe preceptivo, el borrador de real decreto que regulará el acceso al bono social, que establece un nuevo mecanismo basado en criterios de renta.

En la actualidad se pueden beneficiar del bono social las familias con todos sus miembros en paro, los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los consumidores con una potencia contratada inferior a tres kilovatios.

El nuevo modelo tendrá un coste de entre 230 y 235 millones de euros al año, superior al actual, que se sitúa entre 180 y 200 millones, según el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

El nuevo mecanismo de financiación del bono social, aprobado mediante real decreto-ley el 31 de enero, establece que esta ayuda debe ser costeada por todas las comercializadoras eléctricas y no sólo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución, como ocurría hasta ese momento.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha explicado que, aunque las familias numerosas mantendrán su acceso al bono social, “no se van a financiar lujos”.

“No se va a poner el bono social para calentar la piscina climatizada, por poner un ejemplo un tanto absurdo. El bono social es para niveles de consumo habituales en una familia con ese número de miembros”, ha dicho Nadal en los pasillos del Congreso.

Para que un consumidor sea considerado vulnerable y pueda acogerse al descuento del 25 % en su factura, se tendrá en cuenta su nivel de renta.

En una familia sin menores a cargo, la renta anual deberá ser igual o inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

A 1 de enero, el IPREM se situaba en 532,51 euros (aunque el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 prevé una subida del 1 %), con lo que el tope para acceder al bono social para este colectivo quedaría en 799 euros

Para una familia con un menor a cargo, la renta no podrá exceder de 1.065 euros (dos veces el IPREM) y para una unidad familiar con dos menores, no deberá exceder los 1.331 euros (2,5 veces el IPREM).

Estos umbrales se verán incrementados en 0,5 veces el IPREM para las víctimas de violencia de genero o del terrorismo y para los hogares con algún miembro con una discapacidad superior al 33 %.

El nuevo modelo establece una nueva categoría, los consumidores vulnerables severos, para los hogares con rentas inferiores al 50 % de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables.

Estos consumidores vulnerables severos tendrá un descuento del 40 % en el recibo.

Las familias numerosas serán consideradas consumidores vulnerables severos si su renta es inferior a dos veces el IPREM (1.065 euros).

Los hogares en los que todos sus miembros con ingresos sean pensionistas con pensión mínima serán considerados vulnerables severos si su renta es inferior al IPREM (532,51 euros).

En el caso de los consumidores vulnerables y vulnerables severos, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para que, en caso de impago, una comercializadora pueda cortar el suministro.

El borrador refuerza las obligaciones de información a los consumidores.

En caso de impago y además de los dos requerimientos fehacientes de pago exigidos hasta ahora, los comercializadoras deberán informar al consumidor en el momento del impago y, nuevamente, quince días antes de cortar el suministro.

Las administraciones competentes en materia de política social contarán con un listado actualizado de los cortes previstos del suministro para identificar los casos en riesgo de exclusión.

Las comercializadoras deberán comunicar a sus clientes la posibilidad de acogerse a la tarifa regulada (PVPC) y de solicitar el bono social. El cambio se realizará sin penalización ni coste adicional.

Además, las comercializadoras deberán avisar a los consumidores acogidos al bono social que el paso al mercado liberalizado implicará la pérdida de esa ayuda.

Nadal ha señalado que todos los grupos políticos verán reflejados sus propuestas en este borrador, ya que se han tomado “ideas de todos”.

Según el secretario de Estado, el real decreto estará aprobado previsiblemente en junio una vez que el borrador sea analizado por la CNMC y el Consejo de Estado.

Navia ha explicado que, tras su aprobación, se abrirá un periodo transitorio de seis meses para que los consumidores puedan adaptarse a la nueva legislación.

Acerca de ProfesionalesHoy 14517 Articles
Equipo editorial de ProfesionalesHoy