Puerto Rico hace historia al acogerse a un mecanismo de quiebra para su deuda

San Juan, 3 may (EFE).- Puerto Rico hizo historia al convertirse hoy en la primera jurisdicci贸n estatal de EE.UU. en acogerse a un mecanismo de quiebra, bajo el t铆tulo III de la ley federal Promesa aprobada en junio por el Congreso estadounidense para dar soluci贸n a una deuda impagable de 70.000 millones de d贸lares.

La normativa de Promesa establece que se recurra al t铆tulo III solo cuando la negociaci贸n entre el Gobierno puertorrique帽o y los acreedores se haya agotado sin 茅xito.

El t铆tulo III de la Ley para la Supervisi贸n, Administraci贸n y Estabilidad Econ贸mica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingl茅s), un h铆brido entre los cap铆tulos 9 y 11 del C贸digo de Quiebras de EE.UU., paraliza todas las demandas judiciales y tras las reclamaciones y objeciones deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.

En un comunicado, el presidente de la Junta de Supervisi贸n Fiscal -entidad establecida por Promesa-, Jos茅 Carri贸n, explic贸 que la Junta determin贸 que la medida era “necesaria y apropiada”.

Detall贸 que es el camino adecuado para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, despu茅s de que la moratoria que imped铆a que los acreedores reclamaran en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico dejara de tener efecto a partir del lunes.

Ello abri贸 la puerta al proceso de quiebra iniciado hoy, tutelado por la Justicia.

Carri贸n enfatiz贸 que este amparo al T铆tulo III no debe impedir los “esfuerzos para continuar las negociaciones para la reestructuraci贸n voluntaria de la deuda y buscar acuerdos consensuados con los acreedores”.

Una deuda a la que el Congreso estadounidense, al que queda sometido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su Constituci贸n, intent贸 dar soluci贸n con la aprobaci贸n en junio de 2016 de la Ley Promesa.

“La Junta de Supervisi贸n sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuar谩 con todos los grupos de acreedores que est茅n dispuestos a ello. Esta radicaci贸n no representa el final de esas discusiones”, dijo Carri贸n.

En el comunicado, Carri贸n record贸 que el Plan Fiscal recientemente impuesto por la Junta de Supervisi贸n Fiscal y aplicado por el Gobierno de Puerto Rico contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el pago de la deuda.

“Pero los problemas de liquidez y solvencia del Gobierno son enormes y el T铆tulo III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico y evitar un impacto negativo a la econom铆a aun mayor como resultado de una avalancha de litigios y continua incertidumbre”, remarc贸.

En su solicitud de quiebra, la JSF detalla todos los acreedores y remarca que debe alrededor de 12.000 millones de d贸lares en bonos de la isla.

Bajo Promesa, el Gobierno de Puerto Rico, con el apoyo de la Junta de Supervisi贸n, recuerda la nota, ha propiciado negociaciones voluntarias y mediaci贸n en un esfuerzo de llegar a acuerdos consensuados con sus acreedores.

Pero el fin el lunes por la noche de la moratoria contra litigios dispuesta en Promesa hace al Gobierno y sus entidades “vulnerables a litigios por parte de sus acreedores”.

La radicaci贸n voluntaria bajo el T铆tulo III impedir铆a dichos litigios mientras permitir铆a que continuaran negociaciones consensuales.

En su resoluci贸n aprobando y certificando la radicaci贸n bajo T铆tulo III, la Junta de Supervisi贸n especifica c贸mo la misma cumple con los requerimientos de Promesa para dicha radicaci贸n, incluyendo la determinaci贸n de la Junta de Supervisi贸n de que el Gobierno de Puerto Rico “hizo esfuerzos de buena fe para llegar a una reestructuraci贸n consensuada con sus acreedores”.

“La Junta de Supervisi贸n toma esta acci贸n para que el Gobierno de Puerto Rico pueda alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”, concluy贸 Carri贸n.

Entre las primeras reacciones, el exgobernador de la isla Alejandro Garc铆a Padilla apoy贸 la decisi贸n de Rossell贸.

El congresista Luis Guti茅rrez dijo que ya “era tiempo” de que el gobernador pidiese a la Junta de Supervisi贸n Fiscal acogerse a la ley federal para iniciar un proceso de quiebra tutelado.

Por su parte, Eric LeCompte, experto en asuntos financieros y director de Jubilee Estados Unidos, coalici贸n de grupos religiosos que defiende a los sectores sociales m谩s vulnerables, dijo a Efe que se trata de un “paso importante para proteger a los puertorrique帽os”.

“De esta manera -agreg贸- la deuda se puede colocar en niveles sostenibles”.

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