La Audiencia Nacional retoma el juicio de la CAM con nuevas testificales

Madrid, 25 jun (EFE).- La Audiencia Nacional retoma mañana lunes el juicio contra ocho exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por presunta estafa continuada y falsedad contable en los estados de 2010 y del primer trimestre de 2011 con la práctica de nuevas pruebas testificales.

Según han señalado a Efe fuentes jurídicas, la sección cuarta de la Sala de lo Penal tomará declaración a más de una decena de personas vinculadas a la entidad en la época de los hechos, entre los que se encuentran apoderados de la caja, auditores, abogados y actuales cargos del Banco Sabadell, heredero del negocio de la CAM.

En el elenco, revisable hasta el mismo día de las comparecencias, aparecen también directivos de Crédito Inmobiliario, firma hipotecaria mexicana adquirida en 2009 por el Grupo Caja Mediterráneo.

El tribunal que preside la juez Ángela Murillo reanudará así la vista oral contra la antigua cúpula de la entidad dos semanas después de la intervención de los testigos peritos del Banco de España, que señalaron a las refinanciaciones de créditos ejecutadas desde 2009 como principal causante del deterioro, y destacaron la responsabilidad de un área de riesgos “comparsa del comercial”.

La Fiscalía Anticorrupción solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel y multa de 180.000 euros, para los directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, en calidad de autores, aunque exime de responsabilidad al que fuera presidente en esa época, Modesto Crespo.

En su escrito, considera que éstos, a pesar de ser “conscientes de las dificultades que atravesaba la entidad y del alto grado de probabilidad de que el resultado fuera negativo en 2010”, pusieron todos sus recursos para lograr unos resultados “artificialmente positivos”.

Dicho relato identifica como principal mecanismo para incrementar los beneficios “ficticiamente” la titulización de activos mediante la “irregular contabilización” de cuatro operaciones, que permitieron reflejar 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones.

Al igual que las acusaciones particulares, reclama que se indemnice a quienes compraron cuotas participativas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese mismo año, fecha en la que la entidad fue intervenida.

También se encuentran acusados el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes el Ministerio Público solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como el ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, diez meses de cárcel.

La de este lunes será la primera de las cinco sesiones programadas para la próxima semana, la penúltima de un juicio que se prevé quede visto para sentencia el próximo 21 de julio.

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