Más margen fiscal y tasa turística, bases de nuevos modelos de financiación

Madrid, 26 jul (EFE).- La necesidad de que las autonomías tengan mayor margen de política fiscal y el establecimiento de una tasa turística que grave las pernoctaciones hoteleras aparecen como dos de las bases sobre las que discutirán el Gobierno, las comunidades y los entes locales para definir el nuevo sistema de financiación.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han recibido hoy los dos informes que han redactado sendas comisiones de expertos creadas para sentar las bases de los nuevos modelos de financiación autonómica y local.

Hace seis meses se crearon ambos grupos, a raíz de uno de los compromisos asumidos en la Conferencia de Presidentes de enero, y hoy, dentro del plazo, los informes se han hecho oficiales.

Mañana el Gobierno se los entregará a las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y a partir de entonces comenzará la negociación política.

Son dos vastos informes que no pretenden concretar soluciones, sino propuestas. Sobre ellas se debatirán, y si se cumplen las previsiones de la Conferencia de Presidentes, habrá nuevo modelo antes de final de año.

Las de la reforma de la financiación autonómica parten de un diagnóstico del modelo vigente, desfasado como consecuencia de la crisis, de la caída de los ingresos de las administraciones y aquejado de problemas que venían de antes, como la falta de transparencia o la desigualdad de la financiación por habitante.

Los expertos, que fueron elegidos por el Gobierno y las comunidades, plantean diversos marcos para posibles soluciones, tanto en el terreno de los incentivos por el cumplimiento de los objetivos de estabilidad como en el campo de la autonomía fiscal.

Señalan los expertos que mientras el Estado controla completamente sus ingresos tributarios, el radio de acción de las comunidades alcanza sólo a la mitad de ellos, y por ello, apuestan por reconsiderar las bases de la corresponsabilidad fiscal entre administraciones.

Asimismo, un gran pacto político sobre cómo financiar el estado de bienestar habrá de garantizar un nivel de recursos suficientes para que las comunidades cubran sus gastos en sanidad, educación y servicios sociales (actualmente, el 75 por ciento de sus gastos totales, seis puntos más que en 2007).

Esos recursos procederían principalmente de la gran “cesta” que forman las tres fuentes tributarias más caudalosas: el IVA, el IRPF y los Impuestos Especiales.

Revisar el cálculo del cupo (hace tan sólo una semana los gobiernos central y vasco firmaron el acuerdo que da pie a la Ley del cupo vasco) y una mayor integración de los territorios forales en los mecanismos de solidaridad conforman dos propuestas más.

Sin embargo, en los impuestos que pagan los ciudadanos, en los tramos autonómicos y en sus nivelaciones estatales reside gran parte del contenido del informe.

Quieren los expertos favorecer instrumentos de ingresos en las autonomías sin perder la “prudencia” en los gastos, y así, plantean más capacidad para que fijen copagos y para que delimiten sus tramos del IVA.

El Impuesto de Patrimonio, con el fin de que cuente con una base imponible homogénea, y el Impuesto de Sucesiones son objeto de estudio, y aquí los sabios designados por las administraciones, a pesar del “rechazo social” que genera este último tributo, plantean introducir unos umbrales mínimos de tributación.

Con el objetivo de ajustar unos adecuados niveles de financiación, la comisión de expertos postula correcciones en los niveles de población, que habrían de recalcularse cada año.

Mejorar la actual regla de gasto (algo que piden también muchas comunidades y ayuntamientos) y replantear el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), de manera que no se convierta en una herramienta permanente de financiación, surgen como otras sugerencias.

Todas estas cuestiones han suscitado mayor o menor grado de consenso, aunque en otros aspectos no ha sucedido lo mismo: en cómo “metabolizar” la deuda, con quita o no, no se han sembrado ingredientes para un acuerdo.

La reforma de la financiación local ha suscitado otro amplio informe, en el que se incluyen dos propuestas estelares: crear una nueva tasa turística en el ámbito local que grave las pernoctaciones hoteleras, y sustituir el actual impuesto sobre plusvalías inmobiliarias.

A diferencia de las comunidades, los entes locales han salido de la crisis con superávit (unos 7.000 millones en el ejercicio 2016) y con cumplimientos sucesivos de los objetivos de estabilidad.

Con todo, los expertos reconocen que las corporaciones locales han perdido peso en el volumen financiero de las administraciones públicas desde que entró en vigor el actual modelo.

En gran medida, las soluciones pasan por una reorientación de la organización fiscal.

Otra propuesta tiene que ver con la reforma de la financiación del transporte público en las ciudades.

Son, en definitiva, centenares de propuestas que a partir de ahora deberán estudiar el Gobierno, los gobiernos autonómicos y los partidos políticos, ya que las reformas tendrán que transitar por las Cortes Generales y recabar la aprobación de la mayoría antes de que comiencen a funcionar.

La tarea es relevante para Soraya Sáenz de Santamaría, hasta el punto de que si no cuaja el acuerdo, será “un fracaso compartido”, ha dicho hoy a los medios.

“Tenemos una oportunidad y el Gobierno no la va a desaprovechar”, ha concluido.

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