El Congreso cierra 2017 atascado con las pensiones y con la renta mínima

Madrid, 25 dic (EFE).- El Congreso cierra 2017 atascado en el debate del futuro de las pensiones que trata la Comisión del Pacto de Toledo y con el freno puesto a la Iniciativa Legislativa Popular que pide una renta mínima de 426 euros para familias sin ingresos, dado que aún no han empezado su debate de enmiendas en comisión.

La Comisión de seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo inició su andadura a principios de año con la mejor de sus intenciones para buscar más recursos al sistema de la Seguridad Social y garantizar su viabilidad, después de que el déficit vaya alcanzar el 1,4 % del PIB en 2017.

Sin embargo, aunque hay unanimidad en financiar las bonificaciones o reducciones de la Seguridad Social vía presupuestos, en avanzar con medidas impositivas concretas para ayudar a financiar las pensiones o en destopar las bases máximas de cotización, el principal escollo está en la revalorización de las pensiones.

Gobierno, PSOE y Unidos Podemos siguen sin llegar a un pacto para ligar la subida de las pensiones al poder adquisitivo.

El Ejecutivo insiste en defender la actual fórmula del índice de revalorización de las pensiones (IRP), que las desliga de la inflación y garantiza subidas anuales mínimas del 0,25 %, mientras que los socialistas reiteran la necesidad de que su evolución vaya pareja a la del coste de la vida.

De la lista de las 22 recomendaciones a revisar por el Pacto de Toledo no se ha llegado ni a la mitad, pese a que por la comisión ha desfilado una treintena de altos cargos, expertos, técnicos y representantes de patronales y sindicatos.

Así, mientras el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha justificado prolongar la edad de jubilación más allá de los 67 años, el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ha advertido de que las medidas que se vayan a adoptar pueden tener graves consecuencias en el futuro.

CCOO ha abogado por incrementar las bases mínimas de cotización para aumentar los ingresos o por financiar con impuestos las prestaciones de viudedad y orfandad al tiempo que UGT ha pedido un nuevo impuesto vinculado a las nuevas tecnologías y se ha opuesto a desvincular las prestaciones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social.

FEDEA ha defendido un sistema de “cuentas nocionales de contribución definida”, que registre todo lo que el trabajador cotiza a lo largo de su vida laboral y la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) ve necesario reactivar el Plan de pensiones de los empleados públicos.

Además de estos asuntos, en la comisión del Pacto de Toledo se tendrá que concretar también cómo se gestiona el déficit procedente de los regímenes especiales del Carbón y del Mar, que en proporción son los más deficitarios.

En 2018, el Congreso deberá retomar asimismo el debate sobre la creación de una renta mínima, que una vez superada la enmienda a la totalidad que presentó el PP, continúa con su trámite en la Comisión de Empleo pero sin avances significativos.

La propuesta de otorgar unos ingresos mínimos de unos 426 euros es rechazada frontalmente por el Ministerio de Hacienda que cifra el gasto en 15.000 millones, mientras la AIReF alerta de que elevaría el déficit público por encima del 3 % del PIB en 2020 y FEDEA considera que esta prestación desincentivaría la búsqueda de empleo.

La proposición de ley debe ser enmendada por los grupos parlamentarios para empezar a avanzar en ella, ya que de momento solo se ha producido la comparecencia de expertos.

Por otra parte, la Cámara Baja finaliza 2017 con una intensa actividad en la Comisión que investiga el origen de la crisis financiera y el rescate bancario.

Por ella han pasado exgobernadores del Banco de España, exministros, máximos dirigentes de los organismos reguladores y supervisores, como la CNMV o el FROB, así como altos cargos de asociaciones de Inspectores o de la banca, sin olvidar la polémica presencia de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) europea.

De hecho, la comisión retoma sus análisis en 2018 con las comparecencias del exvicepresidente Rodrigo Rato y de los exministros de Economía Pedro Solbes y Elena Salgado.

Su actividad se prolongará hasta septiembre u octubre con el fin de que el pleno del Congreso pueda debatir y votar el dictamen y sus conclusiones en noviembre.

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