El TS eleva a 290 millones la deuda del Estado con Canarias en carreteras

Las Palmas de Gran Canaria, 26 feb (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) ha elevado a 290 millones de euros la cantidad que el Ministerio de Fomento debe a Canarias por los recortes que realizó durante la crisis en su convenio de carreteras, en una sentencia que suma los incumplimientos de 2013 a los ya reconocidos de 2012.

El Gobierno de Canarias mantiene vivos varios recursos contra los recortes que el Estado impuso de manera unilateral a partir de 2012 a las inversiones en carreteras que se había comprometido a realizar en el archipiélago, que privaron a la comunidad autónoma de fondos que esta cifra en cerca de 700 millones, sumando todo el período.

De hecho, en la sentencia conocida hoy, el Supremo ya adelanta que podría aplicar el mismo criterio a todas las reclamaciones del archipiélago en este litigio sobre el convenio de carreteras (con vigencia hasta 2017), ya que textualmente declara “la obligación de la Administración del Estado de transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias las cantidades comprometidas en el citado convenio para la anualidad de 2013 y sucesivas”, con intereses legales.

A principios de año, el Supremo ya falló que el Estado había incumplido de manera injustificada y sin seguir los procedimientos legales el convenio plurianual con la comunidad autónoma que le obligaba a invertir en obras viarias en Canarias 207 millones de euros en ese ejercicio, ya que solo desembolsó 68,54 millones.

La sentencia reconoció, de hecho, la existencia de una deuda del Estado con Canarias por la diferencia: 138 millones de euros.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha dictado ahora una segunda sentencia, basada en los mismos argumentos, que resuelve la reclamación correspondiente a 2013, reconociendo a favor de Canarias una deuda en ese ejercicio de 152,81 millones de euros, ya que el Estado solo invirtió ese año en sus carreteras 54,19 de los 207 millones pactados.

Como comunidad insular que es, Canarias no tiene carreteras que se prolonguen más allá de su territorio, de modo que, en teoría, carece de infraestructuras viarias de “interés general”, por lo que las inversiones del Estado en esta materia en el archipiélago se regulan desde 1994 mediante un convenio bilateral y plurianual.

De acuerdo con el convenio que había firmado con el Gobierno de Canarias para el período 2006-2017, el Ministerio de Fomento debería haber destinado a inversiones en carreteras de las islas en 2012 un total de 207 millones de euros (183 millones en obras y 24 en expropiaciones) y lo mismo en 2013, pero los presupuestos generales del Estado consignaron la tercera parte de esa cantidad en 2012 (68,54 millones) y la cuarta parte en 2013 (54,19 millones)

El Gobierno central presidido por Mariano Rajoy justificó su decisión en los recortes del gasto público que se había visto obligado a introducir para sanear las cuentas del Estado en plena recesión (27.000 millones solo en 2012) y siguió reduciendo las cantidades pactadas con Canarias durante toda la legislatura.

Fomento había obtenido el aval de la Audiencia Nacional en los dos primeros recursos presentados por el Gobierno canario por esos incumplimientos, los relativos a 2012 y 2013, pero el Supremo corrige su criterio y da la razón al archipiélago, que alegaba que se había quebrado su confianza en un convenio cuyas cantidades se habían venido cumpliendo por parte del Estado hasta ese momento.

El TS se reafirma en su sentencia en el “carácter vinculante” de los convenios de colaboración del Estado con las comunidades, si estos respetan la legalidad presupuestaria, y responsabiliza al Gobierno central de no haber seguido los procedimientos necesarios si, como alegaba, no podía hacer frente a todo lo pactado.

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