Rato declara el jueves por el supuesto fraude en la facturación de conferencias

Madrid, 1 abr (EFE).- El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declarará este jueves ante el juez que investiga el origen de su patrimonio en el marco de la pieza separada por las supuestas irregularidades en el cobro de sus servicios profesionales a Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC).

Será la primera vez en dos años que comparezca el exministro de Economía en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, después de que en septiembre de 2016 defendiera la contratación de su excuñado, Santiago Alarcó, y su secretaria personal, Teresa Arellano, durante su presidencia en Bankia en una parte del caso cuyo archivo fue ratificado el pasado octubre.

A pesar de que inicialmente también se pretendía conocer su versión sobre el presunto blanqueo que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el recurso del exministro ante la Audiencia Provincial de Madrid, aún sin resolver, ha limitado el objeto de la declaración a su actividad con BCC.

En noviembre de 2015, siete meses después de la detención televisada que destapó el caso, el Instituto Armado solicitó al juez que se investigara la relación con BCC dado el “complejo entramado empresarial a través del cual (Rato) hace circular fondos provenientes de actividades profesionales”.

Entre las operaciones que proponía analizar se encontraba la impartición de conferencias en diversos países, por las cuales el exvicepresidente del Gobierno “recibiría importantes cantidades de dinero”.

Para gestionar esta actividad, proseguía el documento contenido en el sumario, Rato contrató los servicios de BCC, sociedad administrada por los también investigados Pedro Díez y Francisca Buján, ambos citados para el próximo jueves.

Según la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa 1,7 millones de euros, siendo 2008, meses después de su salida del FMI, cuando se registró el mayor volumen.

De igual modo, se advertía de que esta relación “va más allá” ya que durante su presidencia en Bankia, Rato “contrató los servicios de Díez como asesoramiento estratégico externo en comunicación aunque su destitución hizo que de manera inmediata se suspendiera”.

Un contrato que “ni siquiera llegó a firmarse, pero por el que Bankia abonó la cantidad de 42.480 euros”, si bien el importe inicialmente aprobado ascendía a 84.960 euros.

Al margen de estos hechos, destacaba la UCO, ambos crearon, a través de los servicios prestados por el abogado Domingo Plazas -contra el que también se dirigen las pesquisas- la sociedad británica Lilac Trading, dedicada a adquirir inmuebles en asociación con determinados fondos de inversión.

Circunstancia que pondría de manifiesto “la existencia de una activa relación empresarial que debe ser investigada”.

El propio Rato, en su declaración ante la Guardia Civil, reconoció haber contratado los servicios de Díez, “al cual conocía desde hacía tiempo”, probablemente para “temas de comunicación”.

Más detallada fue su primera comparecencia ante el juez, al que aseguró que fue Díez quien contactó con él para representarle, y que gestionó su participación en conferencias entre 2007 y 2014.

A raíz de tales acusaciones, el magistrado acordó la apertura de diligencias en mayo de 2016, una decisión revocada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Madrid, que anuló dicha medida al no ser “de recibo una motivación ‘por remisión’ a un atestado policial”.

Sin embargo, las pesquisas se retomaban poco después, tras el recurso del Ministerio Público, que recordó que estas presuntas irregularidades ya figuraban en su denuncia inicial y explicaba que aún cabía pedir responsabilidades por el ejercicio 2012, año en el que se habrían defraudado, a falta de cifras definitivas, al menos 672.329 euros.

Esta cuantía “superaría los 120.000 euros” establecidos por el Código Penal como delito, y no podría considerarse prescrita.

La sala percibió entonces indicios de que los datos utilizados para la liquidación del impuesto se declararon “mal o torticeramente” mediante una “actuación de ocultación de la realidad”, lo que, de demostrarse, podría ser castigado con entre uno y cinco años de cárcel pues “no sólo se deja de pagar, sino que para ello se hace uso de un artificio, ardid o engaño”.

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