La agonía del Banco Popular en los meses previos a la salida de Ángel Ron

Madrid, 2 jun (EFE).- La resolución del Banco Popular y su venta al Santander por un euro en junio de 2017 fue el final de un proceso de descomposición y una guerra interna en el seno de su consejo de administración, incapaz de gestionar la pérdida de confianza hacia una entidad con 92 años de historia.

En 2016 el banco llevó a cabo una ampliación de capital de 2.500 millones de euros y anunció un plan de saneamiento con el que deshacerse de 15.000 millones en activos improductivos antes de 2018, pero acosado por los bajistas su dirección fue incapaz de sobreponerse, como revelan las actas del consejo a las que ha tenido acceso Efe.

El banco había perdido en Bolsa en 2016 casi el 66 % de su capitalización, y sus acciones cotizaban por primera vez por debajo de un euro, perdida casi por completo la confianza de los inversores, algo de lo que eran muy conscientes los consejeros.

En septiembre de ese año, la tirantez entre el empresario mexicano Antonio del Valle, que llegó a tener el 6 % del banco -el 4 % tras la ampliación de junio de 2016-, y el consejo se hizo insostenible.

Lo que empezó como un acuerdo de colaboración “mutuamente beneficioso”, en palabras del entonces presidente, Ángel Ron, acabó con la salida de Del Valle del consejo, donde le sustituyó su primo Jaime Ruiz Sacristán.

Del Valle, que acabó perdiendo 550 millones con la resolución del Popular, fue siempre muy crítico con la gestión del equipo de Ron y en una de las reuniones declaró que lo que cuenta “es el resultado final, reducir los gastos y aumentar los ingresos”.

Han sido “las decisiones de la dirección las que han provocado que el precio de la acción sea el más bajo del mercado”, aseguró.

En octubre de 2016, cuando el banco había perdido ya buena parte de su valor y sus acciones cotizaban por debajo de un euro, Ron consiguió tras la salida de del Valle “in extremis” el apoyo del consejo a su gestión y a la creación de un “banco malo” -proyecto que nunca se llevó a cabo-, para sacar de su balance 6.000 millones procedentes del ladrillo.

Las actas del consejo celebrado el 26 de ese mes revelan que los consejeros eran conscientes de que los resultados estaban muy influenciados por el negocio inmobiliario, y el BCE había detectado en sus inspecciones entre octubre de 2015 y septiembre de 2016 “deficiencias relevantes en los análisis individualizados utilizados para determinar la necesidad de provisiones, particularmente en la valoración de las garantías y en la estimación de flujos de caja”.

En la presentación de los resultados hasta septiembre, el entonces consejero delegado, Pedro Larena, anunciaba un nuevo plan de negocio que, además de la separación del negocio principal y el inmobiliario, preveía la desinversión de 15.000 millones en activos improductivos hasta 2018.

Larena calificó entonces al Banco Popular como un “bancazo” con un negocio estratégico “sólido”.

Pero pese al presunto apoyo conseguido por Ron a su gestión, y al comunicado emitido el 30 de noviembre que desmentía que se hubiera acudido a un cazatalentos para encontrar otro presidente, el consejo del 1 de diciembre debatió abiertamente el relevo y agradeció a Ron el “sufrimiento” de los meses anteriores.

En una carta enviada por la firma de cazatalentos Spencer Stuart a la consejera Reyes Calderón, la firma concluía que “desde un punto de vista cultural, la persona debe ser humilde y fácil de trato”.

Las actas desvelan que ya se había contactado con el que sería el sucesor de Ron, Emilio Saracho, y que se analizaban los términos del borrador de su contrato: 1,5 millones de retribución, 500.000 euros en un plan de pensiones y 4 millones de euros de prima.

En enero de 2017, cuando Saracho todavía no había firmado, Ron pedía apoyo para su sucesor a un consejo que “debe permanecer unido, los debates deben ser internos y nunca deben salir de esta mesa”, so pena de un “grave deterioro de su reputación”.

El presidente saliente reconocía que las pérdidas contables iban a ser superiores a las estimadas, y señalaba a Bankia como receptor de unas ayudas que el Popular no había recibido y que distorsionaban la competencia.

La desviación en la cuenta de resultados “de casi 900 millones en resultados y más de 1.000 millones en provisiones” fue sólo una parte de la herencia que recibió Saracho, que en los meses posteriores y hasta la resolución del banco no consiguió el apoyo que, en su opinión, hubiera permitido la viabilidad del Popular, bien mediante su venta, otra ampliación de capital o una inyección de liquidez.

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