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El Europarlamento debe impedir que el paquete de invierno se reduzca a la nada

Por: Javier García Breva

Mientras siete países europeos, entre los que se encuentra España, han cerrado filas para defender en el G20 el Acuerdo de París contra el cambio climático y el libre comercio frente al negacionismo y proteccionismo de los EEUU, el Consejo de Ministros de Energía de la UE se ha dedicado a desactivar las principales medidas presentadas por la Comisión Europea en 2016 para reducir un 40% las emisiones en 2030.

El “paquete de invierno” propuesto por Bruselas partía de considerar la eficiencia energética en primer lugar con un objetivo vinculante del 30%. Los ministros de energía de la Unión Europea han acordado modificar la propuesta:

-El objetivo del 30% de eficiencia energética para 2030, sobre la base de 1990, deja de ser vinculante y no será obligatorio para los estados.

-El sistema de obligaciones de ahorro del 1,5% cada año para las empresas que venden energía se reducirá al 1% a partir de 2026.

-Los puntos de recarga para el vehículo eléctrico en edificios se rebajan de 3 millones a solo 500.000 y las aplicaciones inteligentes (TIC) en edificios serán voluntarias.

-Se permite contabilizar los ahorros de energía obtenidos antes de 2020 como si fueran nuevos ahorros y se limita la consideración de ahorro a la renovable producida en los edificios.

Según los cálculos de Regulatory Assistance Project (RAP), estos cambios suponen reducir el potencial de ahorro de la propuesta original de Bruselas en un 80%.

España contra las nuevas directivas europeas

Las alegaciones que el Gobierno de España ha presentado a las nuevas directivas sobre el mercado eléctrico y renovables plantean los siguientes criterios:

-Recortar las competencias tanto de la Comisión Europea como de los reguladores independientes (CNMC) en política energética a favor de los gobiernos nacionales.

-Evitar discriminar positivamente al autoconsumo y más aún al autoconsumo comunitario.

-Mantener los precios regulados (decididos políticamente) así como los pagos por capacidad.

-Los objetivos de renovables y eficiencia energética deberán tener en cuenta los costes incurridos en el pasado y esos objetivos se condicionarán al cumplimiento del objetivo de interconexiones que debe ser vinculante.

-No se deben establecer objetivos nacionales vinculantes para reducir las emisiones de CO2.

-Se rechaza el concepto de ventanilla única para la tramitación administrativa de los proyectos renovables.

-Se rechaza la estabilidad de apoyos financieros y seguridad jurídica a las renovables y al autoconsumo, con medidas más restrictivas para las cooperativas.

Las alegaciones de España al “paquete de invierno” resumen la política antirrenovable y contra los consumidores del Gobierno español y el convencimiento de que las renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética son un obstáculo para la economía al reducir los ingresos del sector eléctrico, crear déficit de tarifa y elevar el precio de la luz. Pedir objetivos vinculantes para las interconexiones e indicativos para reducir las emisiones es tan incoherente como reclamar la renacionalización de la política energética. Es puro euroescepticismo.

¿A quién beneficia deshacer el “paquete de invierno”?

España no está sola en la ofensiva contra las propuestas de la Comisión Europea. El sector del gas y el nuclear han pedido al Comisario Cañete que se reconozca su contribución al Acuerdo de París y se les paguen las mismas primas que a las renovables. La Asociación de Reguladores Europeos (ACER) ha pedido que se extienda la prohibición de prioridad de despacho a todas las instalaciones renovables y se elimine la medición neta.

La causa de este ataque contra los únicos instrumentos de Europa para liderar la lucha contra el cambio climático hay que buscarla en la Comunicación de la Comisión Europea sobre la Unión de la Energía. Allí se reconoció explícitamente la libertad de cada estado miembro para decidir el mix energético que quisiera. Desde entonces las políticas nacionales y nacionalistas han determinado las prioridades energéticas, entre las que no se encuentra el clima.

En España prevalecen los intereses del mix energético convencional en el que predomina el uso de los combustibles fósiles. La descarbonización que pretende Bruselas choca con nuestra regulación energética y ambiental que ha provocado la mayor importación de combustibles fósiles, la paralización de la inversión renovable, el mayor crecimiento de emisiones y la luz más cara de Europa.

Las olas de frio y calor de 2017 han demostrado el fracaso del mix convencional y de la reforma energética llevada a cabo desde 2012. Un temblor sacude la política energética española ante las futuras sentencias de los tribunales internacionales de arbitraje y del Tribunal de justicia de la UE. Porque el déficit de tarifa no lo provocan las renovables sino las energías convencionales, cuyos balances necesitan un precio mayorista elevado y cerrar la competencia.

La hora del Parlamento Europeo

La primera institución que deberá debatir las nuevas directivas es el Parlamento Europeo. El ponente José Blanco ha pedido para 2030 un objetivo del 35% de renovables con objetivos nacionales vinculantes y los ponentes de la Comisión de Medio Ambiente y Energía, Claude Turmes y Michele Rivasi, un 45% de renovables y un 40% de eficiencia energética vinculantes para los estados. El Europarlamento ha de mejorar las propuestas de la Comisión Europea, responder a la ofensiva contra el “paquete de invierno” y provocar en todos los estados miembros el debate sobre los objetivos de energía y clima.

Los últimos informes de la AIE y REN 21 ponen de manifiesto que las políticas actuales no son coherentes con los objetivos del Acuerdo de París para limitar la temperatura del planeta. Se necesitará multiplicar la inversión renovable y su integración masiva a través del almacenamiento y las microrredes que harán innecesaria la energía de respaldo. Solo falta un mayor compromiso político.

Mientras el mundo camina hacia un escenario en el que el clima determina la política energética, las nuevas directivas son la oportunidad para que la economía se supedite al medio ambiente.

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