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La energía, uno de los sectores que pueden verse más favorecidos por la compra pública innovadora

Ayming, grupo internacional de Consultoría en la mejora del rendimiento empresarial, participó en el Congreso Internacional de Alcaldes & Innovación que se celebró en Segovia los días 9 y 10 de noviembre. Durante el primer día, dio a conocer en un Taller práctico a las 41 Diputaciones que existen en España, cuáles son las ayudas existentes y las Políticas más efectivas para llevar a cabo sus proyectos de innovación.

En este contexto, es bastante desconocida aún la contratación pública de innovación, denominada “Compra Pública innovadora” (CPI). Se trata de una actuación administrativa de fomento de la contratación pública con pymes, emprendedores y resto de empresas que realicen una apuesta tecnológica. Es un contrato que la entidad pública pone a concurso, a fin de satisfacer una necesidad no cubierta, mediante una solución innovadora.

Laura Delgado, Managing Director-South Europe, LATAM & China-Innovation Consulting en Ayming, ha declarado que “este uso estratégico de la contratación pública para favorecer la innovación, supone una nueva forma de compra por parte de las Administraciones. Hasta ahora se fomentaba la innovación desde la oferta, es decir, las empresas contaban sus proyectos y algunas recibían para ello financiación del Estado. Con la CPI se fomenta que las Administraciones Públicas realicen una compra inteligente, mejorando sus necesidades o servicios a través de la I+D+i, al tiempo que fomentan la innovación empresarial. La CPI es por tanto una clara oportunidad para crear valor, empleo estable y de calidad”.

Además, su impacto en el progreso tecnológico español puede ser enorme, pues las empresas podrían hacer una apuesta tecnológica sabiendo de antemano que cuentan con un cliente como es la Administración Pública,  reduciendo así el riesgo de la inversión en I+D.

Según Ayming, la innovación en las empresas y Administraciones Públicas españolas va a marcar pues el futuro de la economía española. Las Diputaciones podrán adquirir productos y servicios bajo dos modalidades diferentes. La primera es la llamada Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI), que consiste en la adquisición pública de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra, pero puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable. La segunda modalidad, más alejada del mercado, es la Compra Pública Precomercial (CPP), una contratación de servicios de I+D en la que el comprador público no se queda con los resultados de la innovación para su propio uso en exclusiva, sino que comparte con las empresas sus riesgos y beneficios, mecanismo necesario para fomentar desde la demanda el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas que finalmente reviertan en la sociedad.

Las diputaciones

España cuenta con 41diputaciones, 38 de régimen común y las tres diputaciones forales del País Vasco. Su función consiste en prestar servicios comunes para municipios distintos de menos de 20.000 habitantes en cada provincia. Se encargan de gestionar recursos como el agua, residuos, bomberos, distribuir fondos estatales para infraestructuras, caminos rurales, carreteras provinciales y otros tipos de instalaciones o recursos. En 2016 contaron con un presupuesto de casi 22.000 millones. “Los gestores de las Diputaciones suelen prestar más atención a los beneficios a corto plazo de las compras que realizan”,-prosiguió Laura Delgado. “Con la CPI se les brinda la oportunidad de contemplar también qué porcentaje de compras van a necesitar a futuro”.  Uno de los objetivos del Gobierno es precisamente que al menos un 3% de la licitación pública sea innovadora y supone un firme apoyo en aras de que la economía española esté basada cada vez más en el conocimiento. Sanidad, Energía, Agua y Tecnologías de la información son los sectores que pueden verse más favorecidos por la CPI.

Ayudas con las que cuentan las diputaciones para financiar sus proyectos innovadores

Para co-financiar los proyectos innovadores que necesitan las Administraciones públicas, existen dos programas nacionales con fondos europeos denominados: INNODEMANDA e INNOCOMPRA.

El programa INNOCOMPRA tiene como finalidad apoyar a los organismos públicos, con poder adjudicador a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, para el desarrollo de proyectos innovadores, susceptibles de recibir ayudas del Estado y que puedan generar contratos de Compra Pública Innovadora, cofinanciándolos a cargo del Programa operativo de I+D+i -Fondo Tecnológico, 2007-2013 de la Unión Europea (Fondos FEDER). El programa financia a las entidades públicas entre el 50-85% del coste de la innovación tecnológica requerida en una licitación CPI, con un presupuesto superior a 5 millones de euros.

El programa INNODEMANDA, por su parte, es un instrumento de financiación de apoyo a la oferta tecnológica que concurre en procesos de compra pública innovadora. Financia a las empresas el 75% del coste de la innovación tecnológica requerida en licitaciones de CPI, con un presupuesto mínimo de 175.000 €. Este instrumento es financiado y gestionado por el CDTI, quien proporciona tanto a entidades públicas contratantes como a posibles suministradores, la orientación y apoyo necesarios para la identificación de potenciales compras públicas innovadoras, así como para su aplicación y posterior gestión. Este programa, con el que tanto empresas como administraciones contratantes obtienen claros beneficios, está enfocado a proyectos de 1 a 3 años, y el préstamo es parcialmente reembolsable – Euribor a 1 año, con plazo de amortización de 10 años y tres de carencia.

Por último, también se contemplan partidas específicas para licitaciones CPI dentro de Horizonte 2020 (H2020), programa para la Investigación y la Innovación en la Unión Europea, con un presupuesto adicional de 175 millones de euros a través de los programas CSA, PCP y PPI.

Gracias a la compra pública innovadora y a los fondos adicionales que moviliza, las Administraciones Públicas tienen ahora un aliciente más para adoptar una estrategia de compra inteligente en línea con las políticas europeas, y contribuir hacia un cambio de paradigma que convierta al sector público en tractor de actividad tecnológica, y en última instancia, de nuevos mercados que creen empleo de calidad y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

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