Declaración de intenciones
Hace un mes, en estas mismas páginas, hablábamos del informe de la Comisión de Expertos sobre transición energética. Con la vista puesta en el año 2030, el documento establece unos objetivos muy ambiciosos de reducción de emisiones de carbono. Para ello, los expertos señalan que en esta transición energética debe ir ganando peso cada vez más las fuentes renovables en detrimento de los combustibles fósiles y el carbón.
Mucho han cambiado las cosas en este mes al que nos referimos, entre ellas el Gobierno. Una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy provocaba su caída y la elección por parte del parlamente de Pedro Sánchez como nuevo presidente.
A la espera de ver cómo se desarrolla la siempre controvertida política energética del nuevo Gobierno, la propia composición del gabinete de Sánchez es una declaración de intenciones de las políticas que pretende llevar a cabo en diversos ámbitos. Y es precisamente en el nombramiento del nuevo responsable energético donde las señales son tan claras. No tanto por la figura de la ministra responsable, Teresa Ribera, con una dilatada experiencia medioambiental a sus espaldas, como en la recuperación de un ministerio propio en materia energético fuera de la cartera de Industria.
Y más llamativo, que el órgano responsable de la política energética reciba el nombre de Ministerio para la Transición Ecológica. El lenguaje casi nunca es gratuito y, en este caso, deja a las claras cómo debe ser la transición energética a la que nos referíamos al principio.
En su toma de posesión, la propia ministra se refirió a esta “idea novedosa” en la nomenclatura del Ministerio como un concepto que permite ir “más allá” en política energética. Y señaló la preservación del planeta como la prioridad que debe marcar la agenda pública, privada y económica en los próximos años.
No podemos obviar el recorrido incierto de una legislatura a la que, en el mejor de los casos, le queda un año y medio para concluir. Tampoco los graves problemas que arrastra el sector energético español, con políticas que han perjudicado el desarrollo y la implantación de energías renovables y con un lobby eléctrico muy potente.
Muchos sectores reclaman un Pacto de Estado que evite que las políticas fundamentales cambien en función del Gobierno que esté en el poder. El más evidente, el de la educación, donde cada cambio de partido en el poder equivale a un nuevo plan. El energético es un sector con un fuerte impacto en todos los aspectos de la sociedad, desde la salud de las personas hasta la economía. Es fuente de industria y de I+D. Y sus consecuencias son a muy largo plazo: estamos viendo que las malas decisiones del pasado son una pesada losa para el presente.
Por ello, la política energética debería ser, incuestionablemente, una de esas que incluir bajo el marco de un Pacto de Estado en el que lo fundamental, el modelo energético para los próximos lustros, esté claramente definido. Habrá que ver si esta creación de un Ministerio para la Transición Energética queda en un simple guiño –demasiado acostumbrados estamos a acciones cosméticas- o es de verdad el inicio de una nueva política en materia energética.
