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Anuario TPI 2016

22 desde 2012. Por tanto, la inversión de infraestructuras en España es sensiblemente inferior a la de países de referencia como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia (más de un 30% por debajo en inversión por habitante y más del 50% por debajo en inversión por densidad de población entre 1995 y 2014). Y en cuanto al sector inmobiliario, hemos pasado de 650.000 viviendas iniciadas en 2007 a las cerca de 50.000 iniciadas en 2015 en todo el territorio nacional-, lo que ha supuesto la destrucción de casi 1.500.000 empleos. Si bien es cierto que el inicio de 650.000 viviendas al año estuvo fundamentado y sostenido por la burbuja financiera e inmobiliaria existente, no es menos cierto que el inicio de 50.000 viviendas al año es un dato que no se corresponde con la realidad actual. Aunque la cifra de generación de hogares ahora es menor y la financiación es más restringida y para niveles de solvencia más exigentes, la demanda de vivienda, solvente y con financiación se sitúa entre 150.000 y 200.000. Pero para lograr esta normalidad en lo que a la producción de viviendas se refiere, es fundamental tener en cuenta que el poder adquisitivo de las familias y que su capacidad de endeudamiento ha cambiado. Por ello, todos los agentes intervinientes del sector inmobiliario, y fundamentalmente las Administraciones Públicas, deben tener un objetivo primordial: conseguir una reducción de los costes de producción de la vivienda mejorando los procedimientos administrativos e incorporando la industrialización en el proceso constructivo para situar en el mercado viviendas con calidad, eficientes energéticamente, pero a precios a los que la demanda pueda acceder. Esto requiere la implementación de medidas de carácter técnico (BIM), de legislación urbanística, de políticas de oferta y de carácter fiscal y financiero. Y no podemos hablar sólo de construir vivienda. Tenemos un parque de edificios obsoleto que es necesario rehabilitar, y no sólo por los objetivos que nos vienen marcados en materia de cambio climático y energía, sino también para asegurar el crecimiento económico y el empleo a nivel local. Sin embargo la tasa media anual de renovación de edificios en España es del 0,28%, muy inferior a la tasa media de la Unión Europea (1,2%). ¿Cuál es nuestro balance respecto a la puesta en marcha en nuestro país de políticas que efectivamente impulsen la rehabilitación de viviendas y edificios? ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años con la inversión pública en infraestructuras y su mantenimiento? ¿Por qué la colaboración público-privada no despliega todo su potencial para acometer proyectos que podrían desarrollarse bajo este esquema. ¿Cuál es el impacto del Plan Juncker en España? En opinión de CNC, las respuestas a estas preguntas presentan un escenario bastante negativo que frena e incluso impide en algunos subsectores la recuperación de la actividad de las empresas, y en consecuencia imposibilitan un crecimiento sostenible. A la vista de estos datos la pregunta que todos nos hacemos es cuándo volverá la construcción a mostrar una tendencia de crecimiento estable y en consecuencia a aportar un crecimiento sostenido en términos de empleo. Hay dos factores que en estos momentos dificultan poder aportar una respuesta adecuada: la existencia de gobiernos populistas en determinados Ayuntamientos que están paralizando o revisando planteamientos urbanísticos, y el retraso en la formación de gobierno después de dos convocatorias electorales. Esta incertidumbre provoca dudas en los inversores privados e indefinición presupuestaria del Estado, y que ya ha causado efectos en las previsiones de las principales instituciones económicas. �� 0pinión En los últimos años esta industria se ha visto gravemente dañada, principalmente porque el ajuste realizado para cumplir los objetivos de déficit se ha basado en su gran mayoría en reducir la inversión en infraestructuras pasando de 40.000 millones a unos 10.000 en el último año


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