La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha pedido a Leroy Merlin que cumpla en España con los plazos de pago a proveedores que establece la Ley de Morosidad , "tal y como lo hace en Francia, ajustándose en el país vecino a unos periodos legales incluso más cortos que los españoles, con 45 días a partir del día de pago, es decir, 60 días como límite". En España, la ley estbalece 85 días como máximo en 2011 y 75 en 2012.
Así lo ha explicado el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, tras conocer que el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona ha desestimado la práctica de las diligencias preliminares que solicitó la entidad, por las que se pedía que Leroy Merlin exhibiera sus modelos de contratos con proveedores, con el fin de evidenciar el incumplimiento de los plazos de pago legales, al entender el juez que lo solicitud no entra dentro de la preparación del futuro proceso y que debe realizarse en el periodo probatorio del mismo y no con anterioridad a su inicio.
La Plataforma, que emprendió en el pasado mes de septiembre acciones judiciales contra la multinacional francesa, ha manifestado su intención de estar dispuesta a continuar con el procedimiento contra esta y contra todas aquellas empresas incumplidoras de la Ley de Morosidad, "hasta donde los asociados quieran llegar. Porque el que el juez la haya desestimado no significa que apoye la legalidad del régimen de aplazamiento de pagos que practica la compañía francesa; solo se trata de una parte previa del proceso judicial que no impide interponer la demanda perminente", asegura el presidente.
Para Cañete, "en las últimas semanas se han sucedido diversos hitos que nos animan a seguir en este tipo de conflictos para conseguir el correcto cumplimiento de la Ley, como es que en varios juzgados se hayan practicado las diligencias preliminares solicitadas por la PMcM contra empresas incumplidoras de dicha ley, así como que empresas que incumplían claramente la legislación vigente y cuyos proveedores nos han solicitado mediar para solucionar los conflictos existentes".
En las próximas fechas, la Plataforma se reunirá con sus asociados con el informe de su Comisión Jurídica, para analizar los próximos pasos a seguir.