La Plataforma Multisectorial contral la Morosidad (PMcM) ha nombrado a Pilar Ferrer Pascual directora ejecutiva. Ferrer dirigirá, coordinará y controlará la ejecución de los programas de la PMcM, que tiene como uno de sus principales campos de batalla el cumplimiento de los plazos de pago que marca la actual ley de morosidad.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), la nueva director ejecutiva de la PCcM ha ejercido de profesora en la Universidad Autónoma de Guadalajara (Méxito). En el ámbito empresarial ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en Indra Sistemas, Soluziona, Banco Herrero y Banco Urquijo.
Uno de los primeros proyectos que afronta Ferrer es la organización de un encuentro con el nuevo equipo de Gobierno para presentar la baterías de propuestas de la plataforma para combatir la morosidad en España, entre las que destaca la creación de un régimen sancionador por incumplimiento, un Observatorio contra la Morosidad, la figura del mediador empresarial y de los tribunales de comercio y una línea de créditos ICO, entre otras medidas.
"La PMcM da un paso decisivo en su profesionalización", ha declarado su presidente, Rafael Barón. Por su parte, Pilar Ferrer ha manifestado su agradecimiento a la organización, así como su ilusión por este nuevo cargo, desde el que, ha manifestado, "podrá combatir con mayor eficacia la lacra de la morosidad que está afectando a las empresas españolas en su conjunto".
Recuerda que en 2012 los plazos de pago se acortan de nuevo
Por su parte, la PMcM ha recordado que la ley obliga, de nuevo, a recortar los plazos de pago a proveedores en este 2012. Concretamente, las Administraciones Públicas deberán ejecutar sus pagos en el plazo de 40 días, mientras que el sector privado deberá acortar sus plazos de pago a 75. Además, ha alertado de la intención de la Comisión Europea de adelantar a este año la nueva directiva europea sobre morosidad, que acortaría aún más los plazos de pago: 30 días para la administración y 60 para las empresas privadas. En caso de no cumplirse estos pagos, la directiva contempla la posibilidad de cobrar interés de demora, así como la compensación por los costes de cobro.
A falta de conocer los datos de la nueva edición del estudio sobre morosidad en España, los datos de 2010 pronostican que difícilmente se cumplirán los plazos de pago que señala la ley, especialmente en el caso de la Administración Pública, que retrasaba sus pagos una media de 157 días.
"Es urgente que el problema histórico de la deuda a proveedores se trate de manera específica y como cuestión estratégica del país, es decir, que la lucha contra la morosidad se tome como un proyecto de competitividad", ha manifestado Antoni Cañete, portavoz de la plataforma. "Dilatar los plazos de pago genera importantes costes financieros que reducen la competitividad de las empresas, les obliga a tener una mayor capacidad financiera y es la principal causa del cierre de las mismas, mientras que las compañías que desarrollan su actividad en países que pagan en plazos cortos juegan con ventaja competitiva".
Para luchar contra el problema de los impagos, la PMcM ha propuesto la aplicación de un régimen sancionador por incumplimiento de los plazos legales, porque "sin él la ley constituye un marco normativo incompleto e ineficaz", asegura Cañete. Este régimen sancionador establecería multas de entre 300.001 euros a 900.000 para infracciones muy graves, de 30.001 a 300.000 euros para las graves y de 6.00 a 30.000 euros para las leves. Además, contampla que las Comunidades Autónomas puedan decretar el cierre temporal de empresas que hayan reincidido tres veces en situaciones muy graves.
Otras de las propuestas realizadas por la entidad se refieren a la puesta en marcha del Observatorio de la Morosidad, la introducción del criterio de caja en el pago del IVA frente al devengo, la admisión de la compensación de créditos fiscales sin necesidad de reconocimiento formal, el impulso de figuras y mecanismos no coercitivos como las mediadores franceses o la modificación de los plazos de pago de las liquidaciones tributarias y de la Seguridad Social, en concordancia con los plazos de cobro habituales del mercado.