La administración pública paga sus facturas a más de cinco meses

Los impagos y los retrasos en el pago de las facturas es uno de las consecuencias palpables de la crisis. Especialmente autónomos y pymes sufren este problema, que en muchos casos pone en peligro la propia supervivencia de la empresa. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha puesto la voz de alarma ante los datos que recoge su último informe de morosidad y que reflejan un empeoramiento de la situación; la administración pública dilató hasta los 162 días, cinco más, sus plazos de pago en el último año.

La plataforma insiste en el incumplimiento sistemático de la Ley 15/2010, la conocida como ley de morosidad, que fijaba plazos de pago máximos para 2011 de 50 días en el caso de la administración. Además, advierten de que para el 2012 la ley ajusta aún más estos plazos de pago, con un máximo de 40 días para las administraciones públicas y de 75 para la empresa privada, con lo que su cumplimiento se convierte en una quimera.

Según la encuesta llevada a cabo por la PMcM para elaborar informe, en el caso de la empresa privada la realidad se ajusta más a la ley, reduciendo sus plazos de pago a los 98 días, cinco más que en 2010, frente a los 85 que fija la normativa. Asimismo, el ratio de morosidad (el porcentaje de impagos respecto al tootal de facturación) se ha disparado dos puntos en el último año, hasta el 7,1%. De hecho, el 40,1% de las empresas encuestadas afirman haber tenido más impagados en 2011 que en el año anterior.

En el caso de los impagos, el cumplimiento de la ley no solo es una cuestión de ficción a la vista de los resultados, sino que la dilatación de los pagos se hace de forma premeditada: el 63,2% de las empresas encuestadas tenían contratos o acuerdos comerciales con clientes, tanto del sector privado como público, que les exigían plazos de pago superiores a los 85 días fijados por la ley de morosidad.

En este sentido, Antoni Cañete, portavoz de la plataforma, ha instado a las empresas a que sean "valientes para reclamar los impagos", ha recordado que la PMcM "está a disposición de todo aquel que necesite asesoramiento, emprender acciones extrajudiciales o acudir a la vía judicial". De hecho, la entidad ya inició actividades judiciales contra importantes empresas como Leroy Merlin, Ferrovial o Telefónica por retrasos en el pago de las facturas.

Propuestas para el nuevo Gobierno
La PMcM ha remitido el nuevo equipo de Gobierno un documento con una serie de propuestas con las que "podemos erradicar esta lacra que ha causado y sigue causando el cierre de empresas y la pérdida de la competitividad de las que aún logran sobrevivir", según explica su presidente, Rafael Barón. Además de un cumplimiento "estricto y riguroso" de la ley de morosidad, la plataforma solicita entre otras medidas, el establecimiento de un régimen sancionador por su incumplimiento con multas de hasta 900.000, la creación del Observatorio contra la Morosidad y la instauración de la figura del mediador empresarial. Además, reclama la elaboración de un plan para eliminar la deuda histórica de las adminsitraciones públicas y sus organismos dependientes y garantizar que las empresas adjudicatarias también se van a ajustar a los plazos que marca la ley.

Entre esta batería de medidas, la plataforma también ha lanzado propuestas de cara a mejorar la liquidez empresarial a corto plazo, basándose en medidas tributarias como la admisión de la compensación de créditos fiscales sin necesidad de reconocimiento formal, como el IVA contra retenciones, el establecimiento del criterio de caja en el pago del IVA y otros tributos, medida ya anunciada por Rajoy en su discurso de investidura, o la rectificación automática del IVA impagado en el momento en que se excedan los plazos establecidos en la Ley 15/2010, sin necesidad de requerimiento notarial u otros trámites.

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